El reciente enfrentamiento entre los gobiernos de Colombia y Panamá tras la decisión de Bogotá de declarar al país vecino como paraíso fiscal tras más de dos años de reclamos infructuosos sacó a relucir una serie de circunstancias y posiciones sobre las que no se tenía pleno conocimiento.
Primero fue la instantánea réplica del gobierno panameño, con amenazas de retaliaciones incluidas si el gobierno colombiano no echaba atrás la medida. Las reacciones en los dos países fueron notoriamente diferentes: en Panamá los gremios, los partidos y todos los expresidentes, incluyendo a opositores como Martinelli, se unieron en respaldo a Varela y su Canciller. Al tiempo se desató o salió a la superficie un sentimiento anti colombianista del que no se tenía conciencia.
En contraposición en Colombia a más de las automáticas e indefectibles críticas del Centro Democrático y el senador Uribe, así como las del expresidente Pastrana y un sector conservador, se expresaron los lamentos de grupos económicos y banqueros con fuerte exposición en el istmo y nadie pareció recordar los motivos que llevaron al gobierno colombiano a declarar la condición de paraíso fiscal a Panamá: el refugio de varios millardos de dólares (bien y mal habidos) en los bancos panameños (el 25 por ciento colombianos) que no pagan impuestos en Colombia.
A más de que allí en el país se esconde el producto del narcotráfico, el contrabando, la corrupción y la extorsión que afecta a Colombia. Sin traer a colación que desde Colón ingresa un altísimo porcentaje del contrabando de telas, confecciones, calzado, electrodomésticos, licores y oro que alteran la actividad económica colombiana, a más de ser el puente para las armas y explosivos que se emplean en el conflicto interno. Para no hablar que a más de paraíso fiscal Panamá se ha convertido en paraíso judicial para criminales perseguidos o condenados por la justicia colombiana.
También se hizo evidente la memoria selectiva para olvidar que lo que pretendía Colombia no era siquiera una fracción de lo que ya había aceptado Panamá con los gobiernos de Estados Unidos y varios países europeos.
El resultado: tras tensas conversaciones se estableció un plazo de un año para negociar un acuerdo que algunos han interpretado como una reculada del gobierno de Santos y tildado de irreflexiva la medida inicial.
Paradójicamente el pasado martes en Berlín 50 países firmaron un convenio para suministrar la información financiera y bancaria que se requiera por razones fiscales de los gobiernos interesados. Fue de tal magnitud y trascendencia el acuerdo que a la cabeza estuvo el gobierno de Suiza y lo secundaron otros calificados como paraísos fiscales, de tal manera se considera que el concepto prácticamente va a quedar abolido o dejado de existir.
Por supuesto la noticia no ha tenido mayor trascendencia y los críticos de las acciones colombianas han permanecido silentes.
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