De indulgencias y otros negocios mercantiles

Habría que recurrir al mismo papa Francisco para conocer su opinión sobre lo acontecido que pone en peligro el clima, la atmósfera y las fuentes de agua de la región por razones exclusivamente comerciales. En esos términos ya debe haber especuladores de tierras que le hayan echado el ojo a la Iglesia del Carmen y la manzana que la incluye, pues nadie duda de su potencial urbanístico.

En las páginas de la presente edición se reproduce la Resolución emanada del Ministerio de Cultura el 31 de julio de 1999 y firmada por el mismo Ramiro Eduardo Osorio Fonseca, ministro en ese entonces, por medio de la cual determina que la Granja San Jorge, situada en el sector de Calambeo en Ibagué, Tolima, con valores estéticos y tecnológicos, que se exalta en la integridad del edificio y su entorno de 130 hectáreas, antiguamente destinada a actividades agrícolas y agropecuarias, es un bien de interés cultural y de carácter nacional y lo declara como Monumento Nacional.

Que se sepa esta Resolución está vigente y no ha sido modificada, de manera que resulta salido de todo propósito la transacción comercial realizada en Medellín, entre la Pía Comunidad Salesiana, propietaria de los predios vendidos, y la compradora, una empresa denominada Inacar, dedicada a la construcción, transacción sobre la que una de las promotoras, la concejala Luz Nelly Arbeláez (a la que le disgustó que en la información periodística publicada en este diario el pasado lunes se hubiera recordado su condición) anuncia la realización de planes urbanísticos y la construcción de complejos comerciales.

La información del periódico destacó también que el secretario de Planeación, Juan Gabriel Triana, desarrolló conversaciones con la comunidad, en la intención de que el Municipio de Ibagué adquiriera los predios aledaños, como había hecho con el colegio, entre los que se cuenta el Jardín Botánico. Terrenos todos ellos que conforman el último pulmón verde que le resta a Ibagué y que debe constituirse en zona de reserva, bien mediante amigable negociación, bien mediante expropiación administrativa como lo permite la Constitución.

Preocupa sobremanera que una concejala de la ciudad esté envuelta en tan extrañas negociaciones, desconozca los intereses de la ciudad que juró defender y olvide las determinaciones del Ministerio de Cultura. Igual acontece con la comunidad religiosa, que no puede alegar desconocimiento de las limitaciones legales de su propiedad.

Habría que recurrir al mismo papa Francisco para conocer su opinión sobre lo acontecido, que pone en peligro el clima, la atmósfera y las fuentes de agua de la región por razones exclusivamente comerciales. En esos términos ya debe haber especuladores de tierras que le hayan echado el ojo a la Iglesia del Carmen y la manzana que la incluye, pues nadie duda de su potencial urbanístico.

REDACCIÓN EDITORIAL

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