De cara al funcionamiento del estado, a la atención de las necesidades de los ciudadanos, a los reclamos por las deficiencias y necesidades de modernización de la infraestructura y los servicios y el urgente compromiso de atender a los millones de víctimas de la violencia se presentan desfases en las cuentas oficiales que deben ser suplidas bien con nuevos recursos o a través de créditos que entrañan intereses y la afectación de futuros ingresos.
Por supuesto que en el equilibrio de fuentes y usos tiene primordial importancia la eficiencia en el empleo de los recursos, el combate de la corrupción y la evasión y la austeridad en el gasto.
En el caso específico de Colombia parece haber acuerdo en que es impostergable la inversión en educación, que comienza por la erradicación del analfabetismo, la atención de la primera infancia y el establecimiento de la jornada única en primaria y bachillerato. Sin dejar de lado el esfuerzo en educación superior y en ciencia y tecnología. Todo lo cual entraña un enorme volumen de recursos que obliga a reajustar los presupuestos destinados a la educación por encima de cualquier otra vigencia u otro rubro. Sin embargo, la propuesta fue aceptada por la coalición, el beneplácito de la oposición y aprobación ciudadana.
Igual ocurre con las vías. La queja de tirios y troyanos corresponde al atraso en la infraestructura que se convierte en un lastre para la competitividad del país, especialmente de la industria exportadora, lo que obliga a hacer enormes inversiones, con eficientes ejecutores, para reponer lo que se dejó de hacer en el pasado o quedó mal hecho. De nuevo con el acuerdo de todos.
En lo que no parece haber consenso es en la obligación que tiene el país de resarcir a los millones de víctimas de la violencia y a restituir las tierras expoliadas, muchas de ellas por quienes hoy se oponen al proceso o por sus aliados de años.
Como se decía, una de las opciones consiste en reducir los gastos. Por ejemplo si llega la paz todo lo que hoy se emplea en una estéril contienda se podría utilizar en propósitos de progreso y bienestar; lo mismo que las ingentes sumas que se utilizan en la protección de algunos ciudadanos y sus familias.
Pero como ese anhelo no es de inmediata concreción, la opción a la mano tiene que ver con el aspecto fiscal y el incremento de los impuestos. Aquí aparece una disyuntiva imperecedera: gravar a los que pueden y tienen y que últimamente se dedican a invertir sus ganancias por fuera del país o hacerlo con los que carecen de medios, a través de incrementos en el IVA, como lo proponen en estos días algunos gremios. Vale decir adoptar una reforma progresiva para que paguen más los que pueden y tienen como hacerlo o una regresiva y de paso lesionar la demanda de bienes manufacturados.
A lo mejor lo que pretenden algunos es que se suspendan las obras de infraestructura con la proclive intención de afectar las finanzas de Luis Carlos Sarmiento, William Vélez, los Solarte, los Ríos o Mario Huertas que son los que se quedan con todas las concesiones o que disminuya el consumo de los bienes importados por empresas que otrora los producían y eso sí no se puede permitir en defensa de la libre empresa.
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