Ha revelado la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del combativo Superintendente Pablo Felipe Robledo, la imposición de multas por 44 millardos de pesos a nueve empresas operadoras de telefonía móvil por cuenta de una deficiente atención a las quejas de los usuarios por mala calidad del servicio, tanto en oficinas como en las centrales telefónicas.
Sin duda las onerosas sanciones admiten fórmulas de controversia que habrán de ser utilizadas a la saciedad si a los antecedentes de esta clase de circunstancias se remite la ciudadanía.
Por más devaluada que esté la moneda por estas épocas de volatilidad en las bolsas un cuantía de esa magnitud no deja de impresionar, pero la contabilización solo ha de registrarse el día que se haga efectiva.
Basta recordar las sanciones pecuniarias, penales y administrativas establecidas para quienes manejan vehículos habiendo consumido alcohol. La legislación aprobada contó con el respaldo casi unánime de la gente y recibió enorme difusión mediática cuando se produjeron las primeras sanciones y a los primeros infractores les fueron retenidos los vehículos, se les impusieron las multas correspondientes y se anunció la suspensión o cancelación de la licencia de conducción. Contribuyó, por cierto, al apoyo ciudadano la divulgación de los estragos y tragedias propiciadas por los conductores borrachos.
Un año después se ha relajado la disciplina, de nuevo proliferan los borrachos al volante y se multiplican las víctimas y, para sorpresa de todos, se conoce que de las multimillonarias multas impuestas solo una ínfima porción ha sido efectivamente recaudada, como si las autoridades carecieran de instrumentos para forzar al pago de las sanciones.
De otro lado, y para reafirmar que las multas y condenas solo se hacen efectivas el día del pago hay que recordar la publicitada demanda de la Empresa de Teléfonos de Bogotá ETB contra Claro, que ha rodado por juzgados y tribunales de arbitramento en los que la ETB ha resultado con decisiones favorables para el pago de un pleito que ronda los 200 millardos de pesos todavía no se recauda.
Algo va de los anuncios a las realidades pues existen empresas que exhiben enorme destreza jurídica que les permite burlar el aparato de justicia. No solo aquí sino en todos los países donde opera.
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