En la prensa nacional se suceden informaciones sobre casos aberrantes que tienen estrecha relación y que, lamentablemente, no despiertan la indignación y la reacción que deberían provocar.
Un par de meses atrás se mostraba la insoportable situación de los indígenas que habitan La Guajira, en donde los niños mueren por decenas por hambre y sed.
La semana pasada los titulares en los periódicos señalaban que diariamente mueren 10 niños en el país debido a carencias en la alimentación o imposibilidad de acceso al agua potable.
La más reciente edición de la revista Semana da cuenta de la crítica situación que se vive en Córdoba, donde el 37 por ciento de los niños padece anemia y 16.5 de cada 100 mil niños mueren por desnutrición. La misma publicación registra que los índices en el país muestran que el 27.5 por ciento de los niños padece anemia y 9.8 de cada 100 mil niños mueren por desnutrición. Por supuesto que las cifras nacionales no dejan de espantar, pero las de Córdoba reclaman una actuación inmediata y drástica de los organismos nacionales encargados de velar por el manejo de los recursos y la atención de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Se decía en estas líneas unos meses atrás y se advierte de bulto en el mencionado artículo de Semana, no es que el gobierno no disponga de cuantiosos recursos para paliar las necesidades de los niños más desprotegidos en las diversas regiones del país, sino que, como ocurre con muchos otros rubros del presupuesto, como la salud, se quedan en manos de clanes corruptos a los que no les preocupa sino su faltriquera y les importa una higa la vida, la salud y el futuro de la niñez.
El caso de Córdoba hace hervir la sangre, pues en un departamento que muestra tan deplorables índices en cuanto a morbi - mortalidad de la niñez, son decenas de millardos de pesos los que son objeto de saqueo por unos sujetos claramente identificados. la situación es tan aberrante que mientras el Gobierno entrega 971 pesos para el desayuno de cada niño y mil 320 para cada almuerzo (que muchas veces es la única alimentación que reciben los niños en el día) la orden de los contratistas para los operadores es que cada ración no puede sobrepasar los 70 pesos para cada ración por niño.
Lo más aterrador es que con similares manejos y diferencias apenas de grado la situación de Córdoba se replica en las diversas regiones del país en las narices del Icbf, las contralorías, las fiscalías, las procuradurías, las personerías y las legiones de burócratas adscritos a estas entidades, a los que no les parece criminal lo que hacen los ladrones con los recursos para los niños y se convierten así en cómplices que contribuyen a la impunidad.
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