Editorial: Rauda salida

Existía enorme desorden en los contratos, los gastos de transporte y viáticos, así como el número y especificaciones de los vehículos y otras anomalías aún más complejas en la medida en que muchos de los servicios se hacían con subcontratos con empresas a las que no se les aplicaba la debida supervisión.

Por exigencia del propio Presidente de la República presentó su renuncia el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, Andrés Villamizar Pachón.

A lo mejor lo hizo raudamente antes de ser destituido por cuenta del desorden escenificado en esta entidad del Estado encargada de brindar protección a funcionarios y ciudadanos que por razón de su actividad, sus actitudes públicas, sus responsabilidades, sus pronunciamientos o su posición ante la sociedad y lo que en ella acontece, los hace vulnerables a las acciones de los violentos o sujetos de amenazas que ponen en peligro sus vidas y las de sus allegados.

El país había sido testigo, unos meses atrás, de dificultades económicas al interior de la UNP que obligaron a un análisis pormenorizado de la cobertura de protección, de los reales riesgos que afectaban a algunos de los protegidos y de las disponibilidades económicas de la entidad para poder brindar tan especializados servicios a cabalidad.

De cuenta de estos análisis se encontró que existía un enorme desorden en los contratos, los gastos de transporte y viáticos, así como el número y especificaciones de los vehículos y otras anomalías que se hacían aún más complejas en la medida en que muchos de los servicios se hacían con subcontratos con empresas a las cuales no se les aplicaba la debida supervisión.

Al contabilizar los perjuicios se encontró que tales desaciertos sobrepasan los 14.8 millardos de pesos y que la lista de desaguisados resulta incomprensible y censurable, algunos hallazgos al garete: se adquirieron a precios superiores a los del mercado mil 600 pistolas a pesar de que solo hay 400 efectivos en la institución; igual ocurrió con los chalecos antibalas adquiridos en número superior a los necesarios; caso similar a la flota de vehículos blindados en alquiler que las más de las veces permanecían inmovilizados en manos de sus propietarios , ya que la mayoría de los servicios era “tercerizado”.

En cierto momento se pudo calcular que estaban comprometidos más de 75 millardos de pesos.

Tras tres años en el cargo el Presidente decidió que era suficiente y solicitó a Villamizar su retiro. ¿Era el ciudadano apropiado para tan compleja responsabilidad?

REDACCIÓN EDITORIAL

Comentarios