Con frecuencia que conturba se vienen señalando, en diversos lugares del país, los abusos que desalmados contratistas cometen con los niños a quienes se han comprometido a atender con alimentación en entidades educativas y hogares comunitarios.
La más abominable del asunto es que de los presupuestos nacionales, departamentales y locales se destinan cuantiosas sumas que, con suficiencia, podrían atender cabalmente a los niños, con raciones abundantes, nutritivas, frescas y bien equilibradas, pero lamentablemente, y por cuenta de una corrupción extendida, los contratos quedan en manos de antisociales que se aprovechan de la laxitud de los entes de control que permiten la existencia de dañinos contubernios en los que los perjudicados son los niños y los efectos se perciben a corto y mediano plazos.
La última denuncia conocida proviene de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Educación y tiene que ver con las abismales condiciones en las que se suministra la alimentación a los infantes en La Guajira, Chocó y Atlántico: alimentos en estado de descomposición, cubiertos oxidados, cocinas precarias en medio del barro y el polvo, consumo de alimentos en el suelo por carencia de los más sencillos muebles.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, al que compete parte de la adjudicación y logística para la distribución, ha encontrado que los censurables montajes se repiten con pavorosa frecuencia en diversas regiones del país y en el saqueo intervienen organizaciones criminales (no se les puede asignar otro adjetivo) amparadas por politiqueros sin consciencia que interpretan el despojo cometido con los más vulnerables como una prerrogativa de su condición. En ciertas regiones el monopolio de esta función no solo se hace en beneficio del abusivo que está temporalmente ocupando la posición, sino que a su muerte es heredada la canonjía por su validos y cómplices.
Quienes abusan del presente y el futuro de los niños no solo deben ser denunciados y expuestos al escarnio público, sino también recibir todo el peso de la justicia, a más de quedar vetados para cualquier trámite con el Estado y negárseles toda opción política.
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