on absolutamente difíciles de descifrar las razones por las que no se podía acceder a las informaciones y actuaciones de la Dirección Nacional de Estupefacientes DNE, y que, luego de la liquidación de este ente por parte del actual gobierno al encontrar enormes casos de corrupción y desorden, quedó en manos de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, una subsidiaria de la Central de Inversiones Cisa, dependiente del Ministerio de Hacienda. La secrecía y la obstrucción, por cierto, continúan en la SAE.
Desde este rotativo y a través de la agencia de noticias Colprensa se requirió repetidamente por la información y nunca se obtuvo respuesta, a pesar de que se intentó por diversos caminos y a través de diversas fuentes. Más sorprendente, ahora, el vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, manifiesta la serie de obstáculos y posiciones encontradas contra la Fiscalía en los procesos de investigación.
De las generalidades que se conocen se indica que la SAE tiene a su cargo más de 20 mil propiedades y cerca de siete mil empresas incautadas a los narcotraficantes y sus testaferros con el propósito de someterlas a extinción de dominio para resarcir a las víctimas de las organizaciones mafiosas.
Lamentablemente y desde un principio el organismo fue entregado a manos aviesas como canonjía por el pago de favores políticos e identidades ideológicas. Basta revisar la lista: el célebre coronel Alfonso Plazas Vega, conocido por sus actuaciones en el Palacio de Justicia y luego rechazado para puestos diplomáticos por los gobiernos alemán y estadounidense, fue nombrado en la Dirección en 2002 por el gobierno de Álvaro Uribe, tal vez el lector recuerde el debate en el Congreso del entonces senador Javier Cáceres (a quien cuando se apaciguó le otorgaron el manejo de varios bienes y posiciones gubernamentales).
En ese debate salió a flote la entrega de valiosas propiedades en el Llano, con exiguos cánones de arrendamiento, a un testaferro del narcotraficante Ramón Matta Ballesteros, de nombre Cayetano Melo (bien conocido en la región). Plazas hizo de las suyas hasta 2004, cuando debió enfrentarse a la justicia por otros conocidos asuntos.
Sucedieron a Plazas un politiquero de baja estofa de la cuerda del exsenador Ciro Ramírez, de nombre Ómar Figueroa, quien montó junto con su padre un negocio paralelo de adjudicación y administración de los bienes de la DNE.
También estuvo en el cargo un exparlamentario conservador de Nariño de nombre Carlos Albornoz, quien se encargó de favorecer a sus paisanos y copartidarios en el ilegal reparto de bienes. El vicefiscal Perdomo asevera que no ha sido posible erradicar a los testaferros de Albornoz.
En total se sabe que hay 60 personas procesadas, que en juego están 3.5 billones de pesos y que los acuerdos de la Fiscalía con testigos como Camilo Bula sufren la inexplicable oposición de la SAE.
¿Se sabrá alguna vez lo que ha caído en ese agujero negro? ¿Se conocerá los nombres de los saqueadores y la razón de tan irregulares canonjías? ¿Se conocerá la profundidad del ilegal reparto y sus beneficiarios, al menos en el Tolima? Ojalá que el vicefiscal Perdomo actualice a la ciudadanía periódicamente sobre el resultado de sus indagaciones.
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