Editorial: Indagando e investigando

Una simple conjetura que podrían comprobar los investigadores de la región va a permitir encontrar los fuertes lazos entre un muy conocido grupo político, contratistas, “empresarios”, validos y testaferros en la dañina trama.

Son muy pocas los que dudan de la perspicacia, agudeza y eficiencia de nuestros organismos de control que, seguramente, han acentuado su capacidad de ver más allá de lo evidente gracias a su asistencia a foros internacionales y nacionales donde se ofrecen modernas pautas de seguimiento a las tramoyas corruptas y a las maquiavélicas fórmulas de lesionar al erario.

La reciente asistencia de toda la Contraloría Municipal de Ibagué a un encuentro en Santa Marta y del Contralor Municipal a otro muy útil en España son pruebas fehacientes de la seriedad con la que los sabuesos de la región enfrentan al crimen de cuello blanco.

Pero hay que ayudarles. Las argucias para el saqueo se renuevan día a día y los esquilmadores del presupuesto complementan su repertorio con ideas de otras regiones o creaciones de funcionarios que pretenden tenerlos adocenados y ahítos con sus dádivas. Razón de más por la que en las páginas de este rotativo durante el presente mes se les haya proporcionado pistas a través de las informaciones, las columnas de opinión y los editoriales.

Ha hecho carrera un diseño muy eficiente, por medio del cual las adjudicaciones fraudulentas y los pagos por la obsecuencia se hacen a los validos y cómplices de ciertos grupos políticos en regiones diferentes a las de sus sedes. Así se pudo apreciar en las cuestionadas adjudicaciones de subsidios para Viviendas de Interés Social del gobierno anterior, que se adjudicaban solo si los gobiernos locales aceptaban la imposición de contratistas. Las sumas eran millonarias y la calidad de los trabajos (al menos en Ibagué) eran tremendamente deficientes. Los contratistas en Ibagué y Pereira eran costeños, los de Buga, Nariño y Neiva eran tolimenses y así todo un escenario de cruces y favores.

Como lo pudo observar el lector las bellaquerías cometidas contra los niños que reciben en sus escuelas y hogares comunitarios la alimentación pagada por el Estado no se limitan al Chocó, Barranquilla y La Guajira, sino que está flagrante y ostensible en la que se reparte en el Tolima. Resulta originarse la multimillonaria contratación en una empresa de Pereira (el pan para los niños de Planadas llega duro y mohoso ya que lo envían desde la capital del Risaralda) y, la carne de los almuerzos aparece putrefacta y con moscas en los sitios de Ibagué. La gerente no es de Pereira, nació en el Fresno, lugar donde opera un connotado contratista del Estado que atiende la alimentación de hospitales, clubes de oficiales y suboficiales y el Inpec (¿recuerdan la muerte por envenenamiento de “Daniel” el cabecilla del Bloque Tolima en una cárcel cuando se preparaba a iniciar sus denuncias?). Como parte del raudo y floreciente patrimonio de la empresaria de la alimentación aparece una lujosa casa en Pereira (rastrear los apellidos de la anterior propietaria).

Para rematar el columnista Iván Ramírez en su columna dominical nos recuerda el episodio en el Congreso de las denuncias del senador Javier Cáceres y la adjudicación de predios expropiados por la Dirección Nacional de Estupefacientes DNE al auxiliar de narcotraficantes José Cayetano Melo Perilla y su hermana Isabel Cristina, predios que reclama el Resguardo Indígena de San Antonio de Calarma, que se añaden a otros ya mencionados y costosos en el Meta.

Una simple conjetura que podrían comprobar los investigadores de la región va a permitir encontrar los fuertes lazos entre un muy conocido grupo político, contratistas, “empresarios”, validos y testaferros en la dañina trama. De nada.

REDACCIÓN EDITORIAL

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