Es absolutamente indescifrable para el ciudadano de a pie lo que ocurre alrededor de los abusos y latrocinios que afectan a la liquidada Dirección Nacional de Estupefacientes DNE, la entidad oficial encargada de administrar y llevar a buen destino los bienes expropiados a los narcotraficantes y sus testaferros para resarcir a las víctimas del nocivo comercio.
Cada día se conoce de un oprobio adicional y crece la red de usufructuarios y saqueadores que entraron a saco a la entidad que se convirtió en coto de caza para validos del gobierno y pozo de la fortuna para un extenso grupo de congresistas y sus cómplices.
El hermetismo sobre el nombre de los beneficiados, sus andanzas y los que permitieron el continuado saqueo blinda de tal manera el dañino accionar que solo se va sabiendo a cuentagotas y los procesos andan a paso de tortuga. Lo que se va sabiendo hasta el momento indica que la mayoría de los usufructuarios eran congresistas miembros del partido conservador, afectos al gobierno de Álvaro Uribe, a los que se puede añadir el nombre de Javier Cáceres (que fuera de Cambio Radical) y que entró a la fiesta tras pactar su silencio cuando había iniciado sus denuncias en el Congreso sobre las manipulaciones en la DNE del tristemente célebre coronel Alfonso Plazas Vega.
El asunto, por supuesto, no paró allí y los sucesivos directores encabezaron el saqueo y el reparto de los bienes para ellos, sus familiares, copartidarios, paisanos y para los mismos narcos expropiados que recuperaban los bienes a través de testaferros.
El último de los casos sobre los que se conoce tiene que ver con el excongresista y exdirector conservador oriundo de Nariño, Carlos Albornoz, quien tomó para su esposa y un amigo la Hacienda Las Pavas al sur de Bolívar (extenso predio expropiado al narcotraficante Miki Ramírez, que había sido entregado a decenas de campesinos por el Incoder pero que por cuenta de numerosas maturrangas terminó en manos de los familiares y amigos de Albornoz. Con un agravante adicional: el grupo de vigilancia adscrito a un cultivo de palma africana vecino llamado Aportes San Isidro, quema las casas, maquinaria y cultivos de los campesinos ocupantes de Las Pavas y amenaza con degollarlos y “picarlos”, como lo denunció Noticias Uno en la emisión del domingo.
Lo más grave del tema es que ningún organismo del Estado se mueve a proteger a los campesinos o a imponer la ley en la zona. ¿Cuáles sombríos intereses impiden que se conozca la verdad sobre la DNE y se sancione a los depredadores?
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