Las reacciones contra las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC en su propósito de poner en cintura la cartelización de los sectores y los atentados contra la libre competencia han provocado las más explosivas confrontaciones, a más de dar a conocer los más insólitos argumentos.
Desde la posesión del superintendente Pablo Felipe Robledo los pronunciamientos se han multiplicado, las multas han crecido y sectores económicos otrora intocables han caído dentro de la órbita y acción del organismo de control.
A partir de la expedición por el Congreso de la Ley 1340 de 2009 la Superintendencia ha dejado de ser un organismo anodino, pues desde entonces quedó con herramientas coercitivas para hacer cumplir la ley hasta a los más poderosos. De allí en adelante se han iniciado investigaciones que no han dejado títere con cabeza y han concluido en sanciones: pañales, empresas de seguridad, cuadernos, papel higiénico, concesionarias de autos y se rumora como próximo blanco el concreto y el cemento.
En esta ocasión hay pesos pesados de lado y lado de la confrontación, a más de que se han unido los más diversos intereses y las más dispares posiciones económicas e ideológicas en el recinto del Congreso. El Gobierno, de nuevo, ha respaldado la posición de la Superintendencia.
La multa no tiene antecedentes y cobija a tres organizaciones gremiales, 14 directivos y 12 ingenios azucareros para un total de 324 millardos de pesos y se impone por el contubernio entre los implicados para actuar como un cartel e impedir la llegada de azúcar importada más barata.
Los argumentos de quienes se oponen a las sanciones suenan, en ocasiones, inverosímiles: complot contra el Valle del Cauca y el suroccidente del país, proclive intención de afectar la industria y el empleo, venganza contra quienes no acompañaron la aspiración presidencial de Santos y hasta deseo de figuración del Superintendente. En la protesta se han unido abogados recién salidos del Ministerio, un variopinto grupo de senadores con su presidente a la cabeza y en el que se incluyen desde Uribe y José Obdulio, Paloma y Robledo y el obsecuente Roy. Por cierto, los sancionados tienen la posibilidad de recurrir a la reposición ante el mismo Superintendente y de demandar ante el Consejo de Estado.
La multa contó con la aprobación unánime del Consejo Asesor de Competencia de la Superintendencia y se basa en los parámetros económicos establecidos por el Congreso en la mencionada Ley 1340.
En un par de meses se conocerá la decisión del Superintendente respecto de la reposición y habrá que esperar al resultado de la demanda interpuesta por el poderoso bufete del ex superministro Néstor Humberto Martínez.
En tanto ha de apoyarse la valiente gestión del Superintendente que muestra que, en este caso también, la ley no es solo para los de ruana.
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