La legislación vigente establece que quienes contratan con el Estado deben constituir pólizas de garantía, expedidas por bancos o compañías de seguros, para respaldar el adecuado manejo de dineros, la cabal ejecución de lo contratado y la estabilidad en el tiempo de lo realizado cuando se trate de obras públicas.
Ante la acumulación de contratos que no cumplen en mínima parte con los compromisos, las obras inconclusas o pésimamente desarrolladas y el despilfarro continuado de los recursos públicos cabe preguntar si acaso en las administraciones no han existido dolientes, si no ha sido del interés de los funcionarios que los dineros del colectivo tengan uso adecuado, si las necesidades coinciden con las prioridades en la contratación o cuáles las acciones de quienes han jurado velar por lo que es de todos.
Lo anterior por la ausencia de pronunciamientos o acciones reales de parte de los numerosos y costosos organismos de control que sirven de impávidos testigos del desgreño y el saqueo sin cumplir con las funciones que les han sido encomendadas.
Para regresar al inicio de esta nota e indagar por el destino dado a las pólizas de garantía que a lo largo de los años no han tenido destino distinto al archivo sin que quienes las adjuntaron a sus propuestas y, mucho menos, las entidades que las expidieron hayan recibido el más mínimo requerimiento de las administraciones o los órganos de control para hacerlas efectivas y, así, recuperar en parte los recursos malversados. Lo que indica que la constitución de tales garantías es un puro formalismo y solo sirve para engrosar los resultados financieros de las entidades que las expiden.
El clamor ciudadano sobre tan irregulares conductas son meras constancias históricas, de otra manera los piratas que fungen como contratistas habrían escarmentado y las firmas expedidoras se cuidarían de avalar a los reconocidos depredadores.
Al desgaire y solo para hacer mención de asuntos del presente siglo se pregunta por lo sucedido con: la refacción de la pista del velódromo hoy demolido, el Panóptico y sus múltiples contratos, el acueducto complementario, los escenarios deportivos de las comunas y los barrios y centenares de contratos más que no caben en estas líneas. Es de esperar que con tantas irregularidades de las cuales están enterados los ciudadanos los lleven a reflexionar sobre a quiénes entregará su voto el próximo 25.
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