En el transcurso de la semana se conocieron dos pronunciamientos que, aunque provenientes de entidades disímiles tiene como telón de fondo un mismo conflicto que discurre a lo largo de la historia del país.
El primero de ellos, la decisión de la Corte Constitucional de asumir la vigilancia del programa del Gobierno de recuperación de baldíos, que en los últimos años ha estado a disposición de los jueces, quienes sin mucha curia y menos acomodo a la ley han afectado más de 27 mil predios para un total de un millón 200 mil hectáreas. Considera el alto tribunal que de no actuarse con cuidado y esmero y en procura del bien común, tal conducta y tan singular desgreño pueden confluir en mayores y más profundos conflictos.
Llama la atención la Corte que se ha desperdiciado la oportunidad para atender reclamos de justicia y equidad y contribuir a los programas de asignación de tierras a campesinos verdaderamente necesitados.
De otro lado, se produjo un enérgico pronunciamiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos asignado a Colombia, Todd Howland, por cuenta de la campaña contra el Programa de Restitución de Tierras a campesinos despojados que ha liderado el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, en varios departamentos del norte del país y el Meta, que, considera Howland, está plagada de mentiras y falsedades, a más de que busca mimetizar como realizados de buena fe los despojos violentos de muchos predios en diversas regiones.
Llama la atención el delegado de las Naciones Unidas sobre el muy particular caso de Córdoba, en donde el despojo fue realizado en contubernio del que participaron el Fondo Ganadero, sus funcionarios y asociados; notarios de la región y hacendados y empresarios unidos con las bandas paramilitares y que ahora se presentan como si hubieran ocurrido en medio de la buena fe de los adquirientes.
Como en otras regiones, los despojadores ahora fungen como potenciales víctimas de intereses oscuros y hacen parte de una coordinada campaña nacional contra la propuesta gubernamental que busca devolver los predios usurpados y reparar a los campesinos víctimas de los abusos.
Como ocurre inveteradamente en el país el conflicto por la tierra no deja de hacer presencia.
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