Editorial: De amnistías e indultos

Con similar criterio se observa lo ocurrido con los procesos de reinserción de grupos como el M-19, el Quintín Lame, el EPL y el PRT en la segunda parte del siglo XX, que en gran medida cumplieron su objetivo y sus integrantes se asimilaron a la sociedad, con dificultades de todos reconocidas y golpes a mansalva de quienes se opusieron a las iniciativas de paz.

A lo largo de la convulsionada vida republicana de Colombia en la que las guerras y las confrontaciones han sido la regla, se registran (de acuerdo con minuciosos estudios del historiador Mario Aguilera de la Universidad Nacional y el Iepri) más de 200 episodios de amnistía e indulto, siete de ellos de enorme dimensión y profundo calado, como el ocurrido tras la Guerra de los Mil Días o el refrendado con el plebiscito de 1957 que puso fin a la Violencia bipartidista; que bien podrían servir de fuentes de consulta cuando los espíritus deben hacer gala de generosidad y deseos de reconciliación.

Paradójicamente y como ocurrió a comienzos del siglo pasado tras la Guerra de los Mil Días, el documento aprobado por el Congreso y promovido por el Gobierno se centraba en perdonar los abusos que hubieran sido cometidos en el conflicto por los miembros del bando triunfador.

De la misma manera y tras el Pacto de Benidorm, nadie ni siquiera mencionó la culpabilidad de los gobiernos, los organismos estatales o las dirigencias políticas en la terrible Violencia que asoló al país en los años cincuenta del siglo pasado.

Con similar criterio se observa lo ocurrido con los procesos de reinserción de grupos como el M-19, el Quintín Lame, el EPL y el PRT en la segunda parte del siglo XX, que en gran medida cumplieron su objetivo y sus integrantes se asimilaron a la sociedad, con dificultades de todos reconocidas y golpes a mansalva de quienes se opusieron a las iniciativas de paz.

Los acuerdos de La Habana (si bien inconclusos hasta el momento) apuntan en una dirección parecida que, bien se sabe, o incluye a todos los grupos armados fuera de la ley, pero sí materializará la salida de la confrontación de miles de ciudadanos armados y una cantidad similar de personas que han desarrollado una actividad insurgente en los centros poblados.

Por supuesto que con ese fin en mente y con la experiencia de cientos de conflictos atrás, es que se debe actuar y no poniendo palos en la rueda al vehículo que pretende cesar la sangría y mitigar la violencia en un país hastiado de la confrontación.

REDACCIÓN EDITORIAL

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