Actualmente están radicados en el Congreso de la República dos proyectos de reforma que deberían ser aprobados porque son buenos para el país y todos sus ciudadanos. Sin embargo, jamás lo serán, porque perjudican a los parlamentarios.
Esa es, en pocas palabras, la predicción y el resumen al mismo tiempo de lo que sucederá en el Capitolio con las propuestas que buscan, por un lado, la reducción del número de congresistas, y por el otro, disminuirles el salario en un 40%.
Las ventajas de las dos intenciones son más que evidentes y no se puede dejar de destacar también que a pesar de lo que pudiera pensarse, surgieron dentro del mismo legislativo. Eso sí, provienen de unas minorías que son las únicas que piensan en realmente cumplir con su obligación de defender los intereses ciudadanos y del país y no los propios, legales e ilegales, que es lo que caracteriza a quienes lamentablemente predominan en esa institución.
Pero de vuelta a los beneficios, no se puede dejar de registrar que disminuir la plantilla del Congreso de 266 parlamentarios a 200, como lo pretende la propuesta, ahorraría de manera oficial al erario, ese que alimentan los contribuyentes, $80 mil millones al año y de manera secundaria una cifra significativamente mayor, si se calcularan las prebendas, lo que se conoce como ‘mermelada’ y otros ingresos irregulares que dejarían de embolsillarse 66 congresistas que ya no estarían más.
Ahora, en lo referente a la moción para rebajarles el salario, las ganancias no solo provendrían de los ahorros para el presupuesto, sino también de la extinción de una injusticia monumental ante el monto exagerado de sus sueldos, que no se compadecen no solo con la situación del país en general, sino aún menos con el estado de millones de colombianos sin recursos. Y eso, claro, además de que desde ningún punto de vista se justifica equiparar los ingresos oficiales de los parlamentarios frente al pobre y mínimo trabajo que llevan a cabo.
En síntesis, como puede verse, los beneficios de ambas propuestas son más que evidentes y prácticamente no tienen contrapartida alguna. Lástima, eso sí, que seguramente no prosperarán, en lo que se convertirá en el enésimo ejemplo de los intereses reales de quienes dicen ir al Capitolio a defender el bienestar de 45 millones de colombianos.
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