A lo largo de las últimas décadas, el país ha recibido muchas noticias sobre la explotación de los recursos mineros que hay en nuestro territorio y, si bien éstas suman un número considerable, son dispersas, se refieren a diversos ángulos del problema, contradictorias entre sí unas con otras, de difícil digestión informativa muchas y, en consecuencia, gran parte del conglomerado no tiene claridad sobre lo que realmente ocurre en tal materia pues el problema es complejo, hay presiones en muy distinto sentido y más de una vez un interés particular se presenta como interés general.
Muestra de ello son los más recientes hechos que han sido divulgados: un fallo proferido por la Corte Constitucional sobre la titulación minera y, por otra parte, la consulta popular sobre minería que por iniciativa del alcalde de Ibagué se va a llevar a cabo en octubre.
Las altas Cortes se han pronunciado fluidamente en los últimos años y han declarado inexequibles, total o parcialmente, numerosas normas mineras, agrietando los cimientos de la política minera vigente; en muchas regiones hay presión de la ciudadanía y de las autoridades locales para que se cumplan, en materia minera, las normas de la Constitución; minorías étnicas se oponen a la explotación minera en resguardos indígenas; voceros de las empresas mineras afirman que las consultas populares, los fallos judiciales, los movimientos sociales, generan inseguridad jurídica y económica que impiden hacer inversiones e impulsan la minería ilegal; el Gobierno, en tanto, resalta que hay bastante minería ilegal y criminal.
¿Qué pone en evidencia lo anterior? Que el modelo de explotación minera y el proceso de adjudicación minera existentes han hecho profunda crisis, la que fue acentuada con la expedición del actual Código de Minas, adoptado en 2011.
¿Qué es lo más prudente? Que al margen de las presiones de diversos sectores se rehaga coherente e inteligentemente el modelo de minería que necesita Colombia, ya que el actual procedimiento de adjudicación de títulos mineros tiene fallas estructurales y lesiona derechos fundamentales consagrados en la Constitución.
Desafortunadamente el Ministerio de Minas no se ha apersonado de ello, el modelo de actividad minera actual choca con intereses de amplios sectores de la comunidad y el Congreso guarda silencio mientras la temperatura social en materia de minería aumenta día a día.
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