En vilo duró el departamento del Tolima y sus círculos políticos durante más de tres semanas, a causa del llamamiento por parte de la Fiscalía al gobernador Óscar Barreto Quiroga, y al exgobernador Fernando Osorio Cuenca, por motivo de irregularidades en un convenio de cooperación y asistencia técnica realizado en 2007 con el Instituto Andrés Bello.
Osorio Cuenca, quien para la época fungía como gobernador, firmó el convenio aparentemente sin principios de selección objetiva, mala planificación, y sin los requerimientos técnicos para su debida ejecución. Por su parte, Barreto, al llegar a la administración departamental, liquidó el convenio según sus facultades legales, pero de manera sorpresiva terminó siendo vinculado al proceso.
Luego de tres audiencias en el Tribunal Superior de Bogotá, finalmente el pasado martes, un magistrado determinó que los delitos imputados, ocurrieron en el periodo en el que Fernando Osorio era el primer mandatario, y no para la época en que Barreto recibió el cargo.
El exdirigente liberal fue imputado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, y se le impuso medida de aseguramiento con detención domiciliaria. Por su parte, a Barreto no se le aceptó la imputación y pudo salir limpio de la diligencia, aunque seguirá vinculado a la investigación.
Respecto a lo ocurrido, hay varias cosas que analizar. La primera de ellas es el rápido accionar del ente acusador para señalar al mandatario seccional, en lo que se vio como una aparente investigación ‘express’, la cual no duró más de 15 días.
Eso sin mencionar lo extraño que resulta que aquel proceso salga a la luz pública luego de 10 años, y justo cuando Barreto es nuevamente gobernador. Lo segundo es la misteriosa insistencia del fiscal delegado en pedir medida de aseguramiento, pues más de tres horas gastó exponiendo los motivos, sin tener los argumentos necesarios para ello, como quedó demostrado con el veredicto final.
Por último, que a pesar de que la determinación final resultó favorable para Barreto, contrario a lo ocurrido con Osorio, se genera un llamado de alerta a todos los funcionarios públicos, gobernantes y responsables y garantes de los recursos públicos, pues con el pasar del tiempo, el tema de la cero tolerancia a la corrupción, se hace más fuerte y notorio, lo cual resulta favorable para la justicia de un país plagado de hechos de corrupción.
Por ahora Barreto seguirá al frente de la administración departamental, para agrado de muchos e infortunio de otros tantos, quienes en medio del fervor de lo ocurrido, se aventuraron a postular reemplazos, en medio de la apresurada y poco ética celebración, por una destitución que no llegó, y que hubiera sido nefasta para el departamento, teniendo en cuenta casos como el de La Guajira, en donde van cinco gobernadores involucrados en procesos penales, lo cual ha contribuido al deterioro político, social, y económico de esa región.
Ojalá que, en medio de la detención, la defensa del exmandatario Fernando Osorio, pueda demostrar su inocencia, si así lo amerita el caso y aclarar lo ocurrido.
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