Poco tiempo después de que se posesionó como contralor General, Edgardo Maya Villazón ya había generado controversia a raíz de unas declaraciones en las que indicaba la necesidad de una reforma al control fiscal en Colombia, que buscaría centralizar el trabajo de las contralorías territoriales en una sola entidad nacional.
Aquella propuesta que ha rondado durante años en el país, volvió a estar en medio de la discusión y esta semana tuvo eco en el Tolima, gracias al alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien indicó en plena celebración de los 75 años de fundación de la Contraloría de Ibagué que las contralorías territoriales están politizadas y que es necesario eliminarlas para dar cabida a una entidad ajena a las dinámicas políticas, que, incluso, según Jaramillo, podría ser un ente privado.
Aquello pareciera tener sentido, teniendo en cuenta que quienes eligen los contralores regionales en Colombia son los políticos y en escenarios donde convergen intereses de todo tipo, entre ellos económicos, burocráticos y electorales, pues al departamental lo elige la Asamblea, y al municipal lo elige el Concejo, es decir, a quienes ostentan estos cargos deben investigar y sancionar si así lo amerita el caso.
En nuestra región, aquellos amiguismos han sido expuestos en varias ocasiones y para no ir muy lejos habría que mencionar que el actual contralor departamental, Edilberto Pava, excandidato a la Alcaldía de Honda en las pasadas elecciones, hizo política en el mismo grupo del gobernador Óscar Barreto, y se declaró públicamente “barretista pura sangre”. Por su parte, el actual contralor local, Diego Visash, en calidad de encargo, fue designado por el mismo alcalde Jaramillo, luego de que el Tribunal Superior del Tolima tumbara la elección de Ramiro Sánchez, por estar inhabilitado, al haber sido director regional de la Esap meses antes de su elección.
La propuesta por ahora es objeto de debate, análisis y protestas, pues la semana pasada se registraron manifestaciones en diferentes ciudades, promovidas por funcionarios de las contralorías regionales, quienes sienten lo dicho por Maya Villazón como amenaza ante una inminente masacre laboral. Igualmente, hay que acotar que Rodrigo Lara, representante a la Cámara por Bogotá, presentó ante el Congreso un proyecto que buscaría eliminar las 63 contralorías territoriales, pero también la nacional, y componer un tribunal general de cuentas con funciones jurisdiccionales.
Lo cierto es que, hasta el momento, la propuesta de Maya Villazón ha tomado mayor vuelo, e incluso, el presidente Santos estaría de acuerdo con ella. No obstante, lo que sí es claro es que las contralorías regionales se han visto debilitadas en los últimos años, por motivo de distintas leyes de la Corte, que le han quitado competencias para advertir posibles riesgos de pérdida de dinero. Sea un tribunal nacional, o una entidad privada como argumenta Jaramillo, la garantía que se debe dar es que quien esté detrás no pueda ser juez y parte, como el caso de los actuales contralores.
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