No harían falta casos para evidenciar y “recontra confirmar” que la corrupción es el mal número uno que afecta y desangra a Colombia.
Eso está más que demostrado y basta con poner los ojos en La Guajira, en donde los políticos se han robado descaradamente los recursos durante años.
Para no ir muy lejos, habría que recordar todo lo que hicieron y quisieron hacer en Ibagué, durante la alcaldía del señor Luis H. Rodríguez, y eso que aún nos falta conocer toda la verdad.
El narcotráfico, la lucha armada de las guerrillas, el paramilitarismo, el desplazamiento forzado, entre otros problemas que han aquejado al país durante años, han envuelto en una cortina de humo a aquel cáncer que afecta de manera sistemática a Colombia, y que hoy cuando el proceso de paz se encuentra en la fase final, es inocultable.
El tema de la corrupción no es nuevo, y embaucadores y defraudadores del erario han existido desde tiempos inmemorables. Lo que sí es nuevo es el interés generalizado en Colombia, de develar los casos más graves, aquellos que han involucrado a ministros, candidatos presidenciales y personajes de la vida pública nacional, pero también aquellos que en su mayoría se generan en las regiones más apartadas y ante la esquiva mirada de las autoridades, o en el peor de los casos, ante el cómplice guiño y protagonismo de quienes están al frente de las autoridades de control.
La semana anterior se conoció el caso de 19 funcionarios de la Dian y la Policía Aduanera, quienes aprovechaban su posición, para tener una red de lavado de activos de actividades ilícitas y en donde más de 130 mil millones de pesos habían sido las ganancias de su accionar delincuencial.
Igualmente, EL NUEVO DÍA, al igual que otros medios de comunicación de la región, reveló recientemente el aparente favorecimiento de la exsecretaria de tránsito de la ciudad, Martha Pilonietta, quien funge actualmente como subcontralora departamental, en algunas investigaciones que están en curso en la entidad y que involucraría a amigos y viejos conocidos suyos.
Aquello además de ser totalmente reprochable, en lugar de detener y prevenir los actos de corrupción, como debería ser, termina acrecentando la cadena y generando desconfianza en aquellas entidades y sus representantes, los cuales deberían vigilar los recursos y castigar a los defraudadores.
El modus operandi del guardián de la cárcel que permite la entrada de droga y armas a los patios, y del Policía de Tránsito corrupto que recibe coimas por no hacer un parte, sigue siendo una práctica concurrida, y tal parece va mucho más allá. ¿Si no podemos confiar en los entes de control, entonces en quién confiamos?
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