Ha pasado más de un año desde que Ibagué eligió un nuevo alcalde, y del gobierno de Luis H. Rodríguez todavía mucho se habla. Su incomprensión de la administración pública y su pobre gestión, le pasaron una factura muy cara a la ciudad, de la cual tardará un buen tiempo en recuperarse. Sumado a ello, la corrupción penetró en su máxima expresión el palacio municipal, y además del gran robo de los Juegos Nacionales, hasta el último día de gobierno se firmaron y adicionaron valiosos y cuestionados contratos. Algunos de ellos con la firme intención de poner la maquinaria gubernamental al servicio del candidato continuista John Ésper Toledo.
Hoy muchos de quienes hicieron parte de ese gobierno, entre ellos el derrotado Toledo, y el mismo exalcalde, se perdieron del radar de la opinión pública. Las múltiples críticas y el sonado escándalo de los Juegos por el cual están presos el exsecretario de hacienda, el exgerente del Imdri, y un alto asesor de gobierno, fue el motivo principal para que muchos de ellos realizaran un pacto de silencio y guardando algo de vergüenza, se alejaran de la vida pública. Otros pocos afortunados se han visto beneficiados con contratos en algunas entidades o “cayeron parados” en importantes cargos públicos. Tal es el caso de la exsecretaria de Tránsito, Martha Pilonietta, quien aterrizó en la Contraloría Departamental del Tolima, ejerciendo funciones como subcontralora, es decir como segunda al mando de aquella importante entidad.
Aquello no sería cuestionable, si no fuera por las diferentes acusaciones que existen en su contra a causa de un supuesto mal proceder mientras fue ordenadora del gasto en la administración de Luis H. Rodríguez. La presunta celebración indebida de un contrato de capacitación a los taxistas por valor de 250 millones de pesos, la irregular adjudicación de otro de 800 millones suscrito con un expolicía de nombre Wilson Peña, pero que presentaron con la documentación de la Fundación Gema, entre otros, hacen parte de las denuncias, las cuales según lo dicho por el Contralor de Ibagué, y por el Personero municipal, son motivo suficiente para abrir investigación en contra de la hoy subcontralora del departamento. Igualmente, aquellos contratos y convenios que se firmaron el 30 de diciembre de 2015, es decir un día antes de finalizar el mandato de Luis H., fueron firmados y autorizados por ella, en nombre de la Alcaldía, supuestamente para no perder recursos del orden nacional.
Lo delicado aquí es que además de dichas actuaciones en el pasado y que darían cuenta de su presunta participación en aparentes casos de corrupción, según lo han denunciado algunos de sus mismos compañeros de la Contraloría, Pilonietta recientemente ha utilizado el poder que tiene para favorecer a amigos suyos en procesos que se encuentran en curso en dicha entidad, quien sabe a cambio de qué. Mientras ello ocurre, el contralor departamental Edilberto Pava, se lava las manos y no actúa como ha sido su costumbre en otro tipo de casos como el de la evidente corrupción en el hospital del Líbano. El mundo al revés y los fiscalizados fiscalizando.
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