Han pasado casi tres semanas desde que Harley López, de nacionalidad colombiana y funcionario de la ONU, fue secuestrado por un grupo guerrillero de las Farc que se declaró en disidencia. Al momento del rapto, López se encontraba junto a un equipo de colaboradores realizando una socialización acerca del programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito, en un salón comunal de un caserío llamado Barranquillita, en el departamento de Guaviare.
Hoy a excepción de un escueto comunicado del Gobierno nacional, y un tweet del jefe negociador de La Habana, Iván Márquez, el caso se ha caracterizado por un hermetismo total, no solo por parte de las autoridades y los mismos comandantes de las Farc, sino incluso de la llamada gran prensa nacional, quienes registraron lo sucedido de manera superficial, y a diferencia de otras ocasiones no han hecho mucho énfasis en el asunto.
Contrario a ello, la Organización de las Naciones Unidas, así como Amnistía Internacional, han pedido la pronta liberación del funcionario y manifestado su preocupación frente al silencio que caracteriza el caso.
Según algunas versiones, el secuestro de López, además de enviarle un mensaje de rebeldía al estado mayor de las Farc, buscaría frenar la sustitución de cultivos de coca, actividad que durante décadas, le ha generado gran rentabilidad no solo a ese grupo guerrillero, sino a los paramilitares y al ELN. No obstante, justamente el día de ayer, el presidente Juan Manuel Santos dio por iniciado formalmente la implementación de dicho programa, en la vereda El Orejón, en el municipio de Briceño, Antioquia. Un millón de pesos durante un año sería el dinero que recibirían dichos cultivadores, a cambio de sembrar plátano, maíz, entre otros, y por supuesto dejar atrás las actividades cocaleras. Sin embargo, aquello pareció no agradarle al grupo disidente responsable del secuestro de López, quienes por lo visto, no encuentran rentable dejar atrás las actividades delictivas.
Hoy, a pesar de que el Ejército colombiano ya ha empezado la ofensiva militar en diferentes zonas donde se tiene conocimiento de que existen grupos rebeldes declarados en disidencia, frente al secuestro del funcionario de la ONU, es necesario que tanto el Gobierno nacional, así como las Farc, y los organismos internacionales, exijan con vehemencia su pronta liberación. Pese a que aquel grupo se encuentre marginado de las decisiones del estado mayor de las Farc, también le corresponde al señor Timochenko, Santrich, y demás comandantes, dejar la farandulería en universidades y eventos públicos, y exigirle a sus subalternos rebelados la liberación inmediata del secuestrado, y no torpedear el proceso de paz en curso.
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