Múltiples reparos ha realizado en los últimos meses el expresidente Álvaro Uribe a la labor de la Corte Constitucional. De mermelados y parcializados han sido calificados los magistrados, cuando en ocasiones anteriores las pretensiones del movimiento político del hoy senador, no se han visto beneficiadas. Sobre todo aquellas relacionadas con el proceso de paz con las Farc.
Esta semana aquella animadversión pareció quedar en el olvido, cuando una demanda interpuesta por el senador del Centro Democrático, Iván Duque, logró convencer a los magistrados del alto tribunal, para declarar inexequibles unos apartes del Acto Legislativo para la Paz, los cuales obligatoriamente exigían al Congreso votar en bloque el documento que reglamentaría la implementación de los acuerdos de La Habana. Lo logrado por Duque, además de quitarle al Gobierno nacional la supeditación de la modificación de los acuerdos, le abre la posibilidad al Congreso, y en especial al sector de oposición liderado por Uribe, para que en sesiones de debate puedan discutir artículo por artículo, y propongan la modificación o eliminación de los mismos, si así lo consideran.
La decisión tomada por la Corte, termina siendo sin querer un gran impulso a la campaña de Duque, quien es uno de los precandidatos presidenciales del Centro Democrático para las elecciones del año entrante, pero también desvirtúa las versiones promovidas por dicho partido en las que se afirma que en Colombia no hay separación de poderes y existe un régimen al estilo Venezuela y que hace lo que quiere con las normas y las leyes, especialmente para complacer a las Farc. A la posición del uribismo se sumó una posición de peso moral y aparentemente neutral como la de José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien ha insistido en la importancia de alcanzar la paz en un proceso de plenas garantías constitucionales. Vivanco celebró la decisión de la Corte, pues a su juicio el mecanismo de fast track convertiría a los congresistas en simples notarios firmantes, y no en actores participantes de un proceso crucial del país.
Más allá de las trabas, demoras o posibles modificaciones que puedan tener los acuerdos, una realidad que hoy hay que tener en cuenta es que en efecto la guerra con las Farc terminó bajo unos consensos establecidos, y eso es algo innegable y que no se puede echar por la borda. Así las cosas, le corresponderá al Congreso tener la suficiente madurez política, pero también la responsabilidad con todo un país, para sacar adelante un proceso que será mucho más demorado, y ojalá sin intereses velados, sobre todo de los que han manifestado querer hacer trizas los acuerdos.
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