Luego de reponerse de las críticas a raíz del caso de Luis Gustavo Moreno, director Anticorrupción capturado por dejarse sobornar del investigado exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, anunció ante los medios estar librando una supuesta purga al interior del ente acusador, según él, desde su llegada al cargo.
Aunque para algunos resultó indecorosa y hasta graciosa tal afirmación justamente después de la gravedad de lo ocurrido con Moreno, al tiempo que el Fiscal radicaba un proyecto ante el Congreso con el fin de endurecer las penas de algunos delitos relacionados con corrupción, informaba de un nuevo caso en la entidad, esta vez a causa de una coima de 100 millones de pesos exigida por uno de sus funcionarios al Alcalde de Sincelejo, con el fin de influir en una investigación que actualmente se le adelanta.
Según Martínez, una de sus tareas prioritarias es barrer la casa y sacar la basura (o las ratas), como él mismo quiso referirse sin mencionarlo, haciendo alusión al famoso veneno Racumín.
Lo cierto es que a pesar de los muchos cuestionamientos que se han hecho al Fiscal, desde su nombramiento la cuenta de funcionarios que han sido destituidos por estar involucrados en casos de corrupción y procesos judiciales ya pasó los 40, y según ello, aún quedan muchos más.
Infortunadamente en Colombia, en términos de funcionarios investigados o involucrados en hechos delictivos sobrepasamos todo pronóstico y pareciera que ya nada sorprende. En esa misma semana, el caso de unos magistrados del Meta y quienes aceptaron haber recibido más de 3.000 millones de pesos por “vender” decisiones judiciales a través de una poderosa red de corrupción judicial que involucraba a jueces, fiscales, agentes del CTI, del Inpec y de Medicina Legal, terminó por dejar por el piso el nombre de la justicia y la función pública en Colombia.
Tristemente aquel caso, así como los denunciados en Santander, donde la lista de corruptos es larga e involucra a concejales, exalcaldes, jueces y al exgobernador Hugo Aguilar, famoso por supuestamente ser el hombre que ultimó a Pablo Escobar, reafirman la versión de que la corrupción en las instituciones públicas ya se volvió un modus operandi.
Las formas de usar el poder, así como el tráfico de influencias y los amiguismos políticos, terminan por hacer de las suyas en una democracia frágil y fácilmente quebrantable.
El gran reto no solo del Fiscal, sino también de todos y cada uno de quienes integran las demás entidades llámense Fiscalía, Procuraduría o cualquier otra institución del Estado, es justamente actuar con integridad y honestidad y conforme a la ley, aunque pedir aquello podría parecer demasiado ingenuo, tanto como creer que Luis Gustavo Moreno pasó por un polígrafo antes de ser nombrado en su cargo.
Cómo estaremos de mal que para encontrar a los magistrados que integrarán los Tribunales de la Justicia Especial para la Paz se pide que no estén “contaminados” al menos políticamente hablando. Terrible, ¿no?
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