Un modus operandi. Así se podría definir la situación de tierras y los amaños en los Planes de Ordenamiento Territorial que se han conocido en algunas ciudades de Colombia, y especialmente en Ibagué en donde hay serios cuestionamientos a los cambios hechos en el POT en la pasada administración municipal, pues tal parece que el alcalde Luis H. Rodríguez y su secretario de planeación, Juan Gabriel Triana, terminaron beneficiando a algunos terratenientes y dueños de propiedades en las zonas periféricas o consideradas en expansión.
Según la Fiscalía, el objetivo de las modificaciones hechas en el POT, era que algunos terrenos que estaban dentro de zonas rurales, fueran incluidos como áreas urbanas, valorizándose de manera significativa. Según Jorge Cardoso, director de Cortolima, y quien demandó el decreto 823 del 2014, el mismo buscaba beneficiar a empresarios y hacendados dueños de esas tierras. Sumado a ello, el perímetro de la ciudad no coincidía con el perímetro hidrosanitario, desencandenando los problemas de suministro de agua potable que se han visto en los últimos años en algunas zonas de la ciudad, pero también, confirmando la falta de palabra del entonces alcalde Luis H. Rodriguez, en lo concertado con Cortolima, en lo que tenía que ver con el número de hectáreas de zonas de expansión y el componente ambiental.
Hoy después de tres años de haberse decretado el POT, también se ha confirmado que los argumentos de la administración de Luis H. para defender el polémico decreto, fueron injustificados, y termina abriendo aún mucho más el manto de duda sobre lo que quisieron hacer. La inclusión de mil 524 hectáreas de nuevo suelo en zona de expansión, resulta siendo exagerada y desproporcionada, teniendo en cuenta que para los próximos 13 años, según las cuentas alegres del ex secretario Triana, Ibagué crecería lo que ha crecido en cuatro siglos de existencia.
Frente a toda esta maraña de argumentos pegados con babas, y faltos de sentido común y simple matemática, vale la pena dejar algunas inquietudes en el aire. La primera sería ¿quiénes son aquellos señores a quienes el gobierno de la seguridad humana buscaba beneficiar? ¿Qué ha pasado con la actualización catastral que tenía pagando a los habitantes de Las Victorias, impuestos de barrios de estrato 1 y 2? ¿Cómo va la reglamentación justamente de aquellas zonas como el Totumo, Toche, Juntas, Calambeo, y en donde cada vez emergen con mayor frecuencia edificaciones al estilo suburbio? ¿Buscaba el exalcalde Luis H. entre otros, beneficiar a su copartidario Mauricio Jaramillo Martínez de quien se dice posee propiedades importantes en la zona contigua al aeropuerto Perales?
Comentarios