Pese al llamado de atención de una gran cantidad de países y organismos internacionales como la ONU y la OEA, el presidente Nicolás Maduro decidió contrariarlos y llevar a cabo las elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual terminó por enterrar los valores democráticos representados en el desconocimiento de la Constitución dejada por su mentor Hugo Chávez en 1999 y en los constantes atropellos y descalificaciones a la Asamblea Nacional, de mayorías opositoras y elegida democráticamente mediante voto popular en diciembre de 2015.
Países como Estados Unidos, México, Argentina, Panamá, Perú, Colombia, Canadá, Chile, Costa Rica, Honduras, Uruguay y la Unión Europea en pleno, manifestaron su intención de no reconocer la Constituyente de Maduro, al considerarla ilegítima y carente de todo sentido, pues es claro que lo que busca el gobierno venezolano es consolidar mucho más su movimiento y atornillarse al poder. Hoy aunque suene fuerte, podría decirse que Venezuela va camino a una dictadura, pues el Tribunal de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, están totalmente coartados, y por el mismo camino se avizora una disolución de la Asamblea Nacional y la Fiscalía, esta última ocupada curiosamente por una chavista crítica del gobierno Maduro y que su salida del cargo correspondería a la primera decisión de los nuevos asamblearios y quienes según se dice tendrían poderes absolutos para reformar a su antojo el mapa político del país.
La misma primera dama, y famosa por sus sobrinos vinculados al narcotráfico, el polémico ex canciller Diosdado Cabello, entre otros líderes afines al gobierno, hacen parte de la lista de 545 constituyentistas, quienes dejarán sin piso el orden democrático en Venezuela, lo cual agravara aún mucho más la situación. El encarcelamiento nuevamente de Leopoldo López y Antonio Ledezma, sacados injustificadamente a la fuerza de sus casas en donde pagaban prisión domiciliaria por pensar diferente y no callar ante las injusticias, y las sanciones anunciadas por el gobierno de Donald Trump a lo que Maduro respondió con una amenaza de lucha armada, en el peor de los casos podrían llegar a generar una guerra o una intervención extranjera en territorio venezolano, lo cual dejaría consecuencias desastrosas para la región.
Hoy ninguna persona que se considere demócrata en el mundo, puede decir que lo que ha ocurrido en Venezuela es legítimo o enmarcado dentro de la ley. Tan solo el pasado domingo mientras se llevaban a cabo las elecciones, 15 personas fueron asesinadas a raíz de la represión del gobierno y de las fuerzas armadas venezolanas, y quienes históricamente han sido jueces y árbitros en medio de los fallidos golpes de estado y los revolcones en Miraflores. De ellos mismos depende hacer historia, sea a través de defender un tirano o a sus propios hermanos. “Maldito el soldado que levante su arma contra su pueblo”, dijo Simón Bolívar, y aquello parece fue olvidado paradójicamente por la guardia bolivariana.
ese al llamado de atención de una gran cantidad de países y organismos internacionales como la ONU y la OEA, el presidente Nicolás Maduro decidió contrariarlos y llevar a cabo las elecciones de una Asamblea Nacional Constituyente, la cual terminó por enterrar los valores democráticos representados en el desconocimiento de la Constitución dejada por su mentor Hugo Chávez en 1999 y en los constantes atropellos y descalificaciones a la Asamblea Nacional, de mayorías opositoras y elegida democráticamente mediante voto popular en diciembre del 2015.
Países como Estados Unidos, México, Argentina, Panamá, Perú, Colombia, Canadá, Chile, Costa Rica, Honduras, Uruguay y la Unión Europea en pleno, manifestaron su intención de no reconocer la Constituyente de Maduro, al considerarla ilegítima y carente de todo sentido, pues es claro que lo que busca el gobierno venezolano es consolidar mucho más su movimiento y atornillarse al poder. Hoy aunque suene fuerte, podría decirse que Venezuela va camino a una dictadura, pues el Tribunal de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, están totalmente coartados, y por el mismo camino se avizora una disolución de la Asamblea Nacional y la Fiscalía, esta última ocupada curiosamente por una chavista crítica del gobierno Maduro y que su salida del cargo correspondería a la primera decisión de los nuevos asamblearios y quienes según se dice tendrían poderes absolutos para reformar a su antojo el mapa político del país.
La misma primera dama, y famosa por sus sobrinos vinculados al narcotráfico, el polémico ex canciller Diosdado Cabello, entre otros líderes afines al gobierno, hacen parte de la lista de 545 constituyentistas, quienes dejaran sin piso el orden democrático en Venezuela, lo cual agravara aún mucho más la situación. El encarcelamiento nuevamente de Leopoldo López y Antonio Ledezma, sacados injustificadamente a la fuerza de sus casas en donde pagaban prisión domiciliaria por pensar diferente y no callar ante las injusticias, y las sanciones anunciadas por el gobierno de Donald Trump a lo que Maduro respondió con una amenaza de lucha armada, en el peor de los casos podrían llegar a generar una guerra o una intervención extranjera en territorio venezolano, lo cual dejaría consecuencias desastrosas para la región.
Hoy ninguna persona que se considere demócrata en el mundo, puede decir que lo que ha ocurrido en Venezuela es legítimo o enmarcado dentro de la ley. Tan solo el pasado domingo mientras se llevaban a cabo las elecciones, 15 personas fueron asesinadas a raíz de la represión del gobierno y de las fuerzas armadas venezolanas, y quienes históricamente han sido jueces y árbitros en medio de los fallidos golpes de estado y los revolcones en Miraflores. De ellos mismos depende hacer historia, sea a través de defender un tirano o a sus propios hermanos. “Maldito el soldado que levante su arma contra su pueblo” dijo Simón Bolivar, y aquello parece fue olvidado paradójicamente por la guardia bolivariana.
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