Nuevamente el tema de contratación en Ibagué es motivo de preocupación, pues como se ha registrado en esta redacción, ni siquiera que la Bolsa Mercantil, Findeter o los ministerios adelanten los procesos de licitación, es garantía de que las adjudicaciones queden en buenas manos.
Por segunda vez lo contratado por el municipio para suplir los programas educativos, en este caso el de alimentación escolar, volvió a ser noticia a raíz de que la secretaria de Educación de Ibagué, Tatiana Aguilar, le pidió a la Bolsa Mercantil por segunda vez liquidar el contrato con el operador Asociación de Bachilleres de la Comunidad Parroquial San Nicolás de Tolentino, debido a que no vienen cumpliendo con lo acordado y se presentaron irregularidades que ponen en riesgo la salud de los niños que se benefician con sus alimentos. Esta asociación, es la misma que ha tenido varias denuncias por incumplimiento en la ejecución de sus funciones en diferentes partes del país como Caldas, Sucre, Córdoba, entre otros departamentos.
No hay que olvidar que en esta cartera, han sido varios los lunares frente al tema de contratación, pues no hace mucho aquí mismo revelamos que un proceso de adjudicación que se realizó a través del Ministerio de Educación, terminó entregándole la responsabilidad de intervenir las aulas de varios colegios de la ciudad con motivo de la jornada única escolar, al consorcio Mota Engil, cuestionado en Portugal por varios delitos. No obstante, 225 mil millones fueron destinados recientemente para dicho proceso.
Como si eso no fuera suficiente, la firma que actualmente realiza la interventoría de dichas obras, es la cuestionada y poco querida por los ibaguereños Typsa, empresa española que actualmente es investigada por su participación en el desfalco de los Juegos Nacionales. Typsa llegó nuevamente a Ibagué, gracias a que el Ministerio de Educación acompañado por el Fondo de Financiación de Infraestructura Educativa, no encontró inhabilidad o impedimento legal para desarrollar dichas labores, pese a lo ocurrido con el caso de los Juegos. Ni hablar de la cuestionada Fundasol, entidad que ha vuelto a hacer presencia en Ibagué, luego de que en el gobierno del exalcalde Luis H. Rodríguez, tuviera millonarios contratos pese a las sanciones impuestas por la Superintendencia, por cartelización empresarial.
Aunque parezca una ironía, lo rescatable en estas adjudicaciones a empresas cuestionadas, es que todas ellas han sido mandadas desde Bogotá, y nada han tenido que ver con contrataciones a dedo por parte de la administración municipal. Aquí lo que hay que preguntar es si es que dichos contratos vienen amarrados desde allá, y de ser así, pedirle al alcalde Jaramillo que intervenga y se oponga a que dicha situación se siga repitiendo.
Los recursos públicos son sagrados decía un excandidato presidencial, pero más que eso, habría que decir que lo relacionado con el futuro y la educación de las nuevas generaciones, valen más que cualquier cosa.
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