El proceso de paz con el Eln está aniquilado. Luego de los ataques perpetrados en Barranquilla, horas después de finalizado el cese bilateral al fuego, sumado a los atentados del pasado fin de semana en Cesar, Antioquia y Norte de Santander, en lo que ellos mismos denominaron como paro armado, no hay ninguna duda de que la búsqueda del fin del conflicto con ese grupo se quedó en el cuarto ciclo de conversaciones con el gobierno Santos, pues los demenciales ataques colmaron la copa de tolerancia de los colombianos, incluidos muchos quienes habían abogado con que se mantuviera el proceso.
A diferencia de lo que fueron los diálogos con las Farc, quienes pese a los obstáculos aparentemente respetaron los puntos de acuerdo en medio de la negociación, el Eln ha sido ajeno a toda voluntad de paz, y por el contrario y aprovechando justamente el desarme de la guerrilla de Timochenko, ha arreciado su accionar militar, ganando espacio no solo en las zonas selváticas colombianas, sino también en las regiones, en donde se han incrementado delitos achacados a la delincuencia común, e incluso a reductos de las Farc que estarían conectados con ese grupo que ha hecho todo por impedir que los colombianos crean en su palabra.
Hoy y ante la pasividad del Gobierno nacional para rechazar y condenar los ataques es necesario desde aquí repudiarlos con toda fuerza y firmeza, y alertar sobre la imperiosa necesidad de fortalecer la fuerza pública en las regiones, pues aparentemente y ante la desmovilización armada de la guerrilla de las Farc, algunos comandos estatales entraron en falsas zonas de confort, descuidando la seguridad, y aquello ha repercutido en el incremento de la delincuencia común y nuevas asociaciones entre ex guerrilleros y ladronzuelos de pueblo.
Estamos a menos de tres meses para que Colombia tenga nuevo presidente y es claro que las conversaciones con un Eln negado y empecinado en generar terror y atentar no solo contra la fuerza pública, sino contra la población civil, quedarán a merced de quien sea el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.
Por ahora, y no solo porque se agota el tiempo, sino porque no se ve una sola muestra de voluntad y anhelo de reconciliación, le corresponderá al Estado colombiano reprimir con toda su fuerza a quienes quieran llevarnos nuevamente a las épocas de las pescas milagrosas, los secuestros, las voladuras de puentes y peajes, y paros armados, cosas que hace tiempo y en parte gracias al vigor de la desmedida política de seguridad democrática, llevaron a que las Farc decidieran dejar las armas.
No se puede negociar una “paz” con un grupo que atenta frecuentemente contra ella y mucho menos si utilizan el discurso pacifista para chantajear, sin así sentirlo o demostrarlo con acciones concretas. Los colombianos ya se cansaron de los engaños y parecieran no estar dispuestos a tolerar otro sapo como el tragado con la guerrilla fariana.
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