El flagelo del microtráfico se da en casi toda Colombia. Además de los delitos comunes como el hurto y la violencia intrafamiliar, la lucha por control de territorios a través de las llamadas fronteras invisibles, y el negocio en sí de la venta de sustancias alucinógenas, representan hoy serias amenazas para la tranquilidad de las ciudades, y hacen parte de las causas principales de riñas y homicidios que aumentan la inseguridad.
En Ibagué, pese a que, en comparación con ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, se presentan cifras menos alarmantes, es necesario seguir combatiendo los llamados huecos u ollas identificados plenamente por la Policía, en barrios como Las Brisas, Los Mártires, Combeima, El Bosque, entre otros. Así mismo, no estaría de más desmantelar nuevamente a quienes actúan en lugares neurálgicos como el estadio Manuel Murillo Toro y la Universidad del Tolima, en donde si bien han reducido drásticamente el consumo de sicoactivos, se siguen presentando distribución de los mismos.
A propósito de ello, un reciente informe del Observatorio de Drogas de Colombia, y que mide las cifras del año anterior respecto a los cultivos de coca y amapola en el país, evidenció que el Tolima tiene un comportamiento medianamente positivo, comparado con Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Cauca, donde se concentró el 72% de la coca sembrada en el territorio colombiano en 2017. Incluso otras regiones como Santander, Magdalena, Boyacá y Arauca, presentan menos de 50 hectáreas de cultivos, y el Tolima, por fortuna, no alcanza a estar siquiera en dicha cifra.
No obstante, en lo que tiene que ver con los cultivos de marihuana, el Tolima sí aparece en la lista de departamentos cultivadores, haciéndole compañía al Huila, (de donde curiosamente nos envían a cada rato camiones fletados de cripy), Cauca y Nariño. Frente a ello, pareciera entonces que es necesario, seguir con los operativos de ese tipo principalmente en zonas rurales y veredales; y si es preciso en Ibagué, darle paso nuevamente a la demolición de inmuebles que sirven como laboratorios, y de donde surten a jíbaros en zonas residenciales de la capital.
Las autoridades policiales en los últimos meses han sido juiciosas para interceptar camiones y cargamentos de droga que ingresan desde otras zonas del país, pero rara vez se ve que haya quema de laboratorios, o allanamiento de cultivos en municipios en donde muy seguramente existen, según el informe presentado.
Uno de los motivos por los que probablemente la lucha contra la producción de sicoactivos en Colombia no ha surtido los efectos esperados, llamando incluso la atención del presidente norteamericano Donald Trump, es justamente, la sustitución del método de erradicación de cultivos ilícitos, el cual pasó de hacerse aérea a manual, torpedeando la labor, por cuenta de las demoras y los peligros que eso implica. De la misma forma la lenta sustitución de cultivos enmarcados en los acuerdos de la Habana, han hecho su parte, y eso es algo que no se puede negar.
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