El tema de la consulta anticorrupción sigue dando de qué hablar en el país. Primero porque el Gobierno Duque retiró el proyecto que se le asemejaba, y segundo porque pese a la negativa del expresidente Uribe, algunos de sus copartidarios finalmente decididieron apoyarla.
Otro de los puntos importantes de la consulta, y que hoy queremos poner sobre la mesa, es justamente el primero en la lista del tarjetón: reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Reconociendo que aquello nada tiene que ver con corrupción, tal y como lo expresara el reconocido jurista Alfonso Gómez Méndez, disminuir los salarios de los padres de la Patria, y de los altos cargos estatales, sí es una necesidad imperiosa, que le caería bien al país.
Actualmente un congresista en Colombia devenga 31 millones de pesos, más innumerables beneficios exagerados. Sin embargo, y pese a que senadores como Jorge Robledo, y el recién posesionado Gustavo Bolívar, reconocen lo alto de los salarios y han decidido donarlos, personajes como el presidente del Congreso, Ernesto Macías, han manifestado recientemente que no están de acuerdo con dicho punto, pues según su postura, los congresistas son quienes más gastan dinero, principalmente en combustible para los vehículos. Aquella teoría ya había generado polémica en 2011, por cuenta de las declaraciones del expresidente del Senado, Juan Manuel Corzo, quien manifestara que su sueldo de 21 millones de pesos en ese entonces, no le alcanzaba para dichos menesteres. Eso hoy pareciera un absurdo.
Aquel primer punto del tarjetón, necesario, y convincente para el colombiano promedio que sobrevive con un salario mínimo, se conecta con aquel que habla de que esos mismos congresistas que reciben tan alto sueldo, por obligación rindan cuentas a la ciudadanía de su gestión, y den participación a las comunidades a la hora de ejecutar recursos públicos. El punto cinco de esos siete que presenta la propuesta del partido Verde, busca transparencia y legalidad, y se basa en las malas experiencias de los colombianos con congresistas, alcaldes, gobernadores, que ejecutan mal los recursos, y rara vez o quizás nunca, le dan voz y voto al ciudadano de a pie, para que proponga, o al menos conozca, la forma en que se va a administrar la plata de todos.
Máximo tres periodos en corporaciones públicas es el último punto del tarjetón, y de igual manera se relaciona con los dos puntos anteriormente descritos. En Colombia han hecho carrera los amos y dueños del poder público, quienes se lanzan, se reeligen, y siguen mal administrando, sin rendir cuentas a nadie, y aquello se vuelve un modus operandi, disfrazado del oficio de ser político, desprestigiado de por sí. Por eso y por lo anterior, desde aquí decimos: siete veces sí, y esperamos que el Gobierno salga a hacer campaña y pedagogía, tal y como han hecho artistas y deportistas como el cicilista Nairo Quintana, y aquí mismo el gobernador Barreto, a quien sorprendió y resaltamos por su apoyo a la consulta.
Comentarios