Cuando hablamos con nuestros mayores siempre nos refieren sobre las maneras de formación familiar de otras épocas y hasta se aterran cuando sienten la gran amenaza de estos tiempos para las nuevas generaciones: el creciente y desmedido consumo de sustancias alucinógenas.
Frenar el descarado menudeo de todo tipo de esas sustancias, y además licor, en los parques de pueblos y ciudades pretendía en dos de sus artículos, el Código de Policía. La norma multaba a los ciudadanos que consumieran sustancias psicoactivas o alcohol en espacios abiertos. La Corte Constitucional dejó sin vigencia ese enunciado con el argumento que vulneraba el derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de expresión y el derecho colectivo al uso común del espacio.
En concreto, a partir de ahora, en la calle o en parques; en general, en el espacio público, los colombianos sí pueden consumir bebidas alcohólicas y drogas. De paso, el alto Tribunal derogó la facultad que tenían las autoridades para que pudieran decomisar la controvertida dosis personal; dejando en claro que la restricción no es razonable porque viola el derecho a la libre personalidad.
Durante la aplicación de las normas, muchos parques y espacios públicos que estaban “secuestrados” por los consumidores de vicio volvieron a ser santuarios para la familia, para compartir con los hijos, con las mascotas, para leer y para actividades lúdicas. El miedo a la multa y a la aplicación de las normas alejó, durante ese tiempo, a los viciosos.
La decisión de la Corte Constitucional es un retroceso a la lucha frontal que hoy la sociedad debe librar contra el consumo y la comercialización de sustancias psicoactivas. Le quita dientes y manos a las autoridades. Y como ya dicen en las calles: no es posible que sea delito comprar una empanada en un parque y no lo sea el consumo abierto, vergonzoso, de vicio con el argumento que “el Estado no puede diseñar tu plan vida y se afecta el libre desarrollo de la personalidad”.
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