Una decisión histórica acaba de tomar el Tribunal Administrativo del Tolima al reconocer como sujetos de derechos a las cuencas de los ríos Coello, Cocora y Combeima; prohibiendo, de manera inmediata, la exploración y explotación minera. El fallo de 150 páginas también reconoció estos afluentes como “sujetos de derechos a la protección, a la conservación, el mantenimiento y restauración”.
El Tribunal también ordena que los ministerios de Minas y Ambiente, en compañía de la Autoridad Nacional de Licencias Ambiental (Anla), la Agencia Nacional de Minería (ANM) y las compañías mineras, adelanten un estudio sobre el impacto que tiene la minería en el ambiente y en la salud de quienes residen en las cuencas de los ríos Combeima, Coello y Cocora.
El fallo del Tribunal tolimense es trascendental. Estamos hablando de las cuencas que surten de agua a la región donde viven un poco más de 600 mil tolimenses; incluida la capital. En el año 2011, época en la que el entonces personero de Ibagué Isaac Vargas interpuso la acción, el Estado había otorgado en la zona de la influencia de las tres cuencas, 22 títulos mineros, 18 de ellos fueron renunciados, voluntariamente, por parte de las compañías dedicadas a la exploración y explotación de oro.
La determinación de los magistrados ponen fin a una discusión que se había vuelto estéril. Una controversia entre antimineros y promineros; en algunos momentos sin argumentación técnica y más pasional que otra cosa. Es obvio que primero está el agua, que significa vida, por encima de cualquier consideración económica; hasta las empresas mineras lo saben.
Ahora la responsabilidad es del Estado, que otorga las licencias para exploración minera. Las compañías mineras no se inventaron los títulos; el Gobierno, a través de sus agencias los entregó. Tiene la gran responsabilidad el mandato del presidente Iván Duque de hacer la delimitación técnica de las zonas donde sí se puede, y donde no se puede, hacer minería responsable.
Debe entender que hay regiones “vetadas” donde no se deben otorgar licencias porque se pone en riesgo la vocación y supervivencia de quienes habitan allí. Tampoco se debe someter a las empresas y a los ciudadanos a discusiones y desgastes innecesarios como si no tuviéramos muchos más problemas por resolver.
Comentarios