Los anuncios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ANH de entregar a firmas privadas un Bloque para explotación de hidrocarburos que incluye territorio ibaguereño, nuevamente avivó la controversia entre ambientalistas y promineros en el Tolima.
Por un lado, retomó la bandera de la lucha ambiental el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo, aliado de Cortolima en defensa del agua y, puntualmente, en defensa de los acuíferos subterráneos, que en criterio de las dos instituciones se verían muy afectados de permitir actividades extractivas.
En la otra orilla están quienes promueven la industria. Afirman que estas actividades significan empleo formal y generación de riqueza. Echan mano de la sentencia T-342 de 2019. En la decisión, la Corte Constitucional señaló que los entes territoriales no pueden vetar trabajos extractivos de manera unilateral por medio de acuerdos municipales o instrumentos de ordenamiento territorial, sin aplicar los principios constitucionales de coordinación y concurrencia.
El Alcalde insiste en la defensa del territorio. Incluso, anunció acciones jurídicas encaminadas a impedir la presencia de las empresas en Ibagué. Por su parte, la ANH habla de inversiones vía regalías.
Decir que la preservación de los recursos como el agua es una necesidad de primer orden, no tiene ningún tipo de discusión. Cómo combinar actividades económicas que generen riqueza y no impactos debe ser el acuerdo final de una discusión sin pasiones, sin polarización, y basada en argumentación técnica y científica.
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