Con el argumento de que las empresas de servicios públicos en manos del Estado eran focos de corrupción e ineficiencia, desde mediados de los años noventa los gobiernos emprendieron procesos de privatización de muchas de ellas.
Algunos procesos fueron exitosos y otros no tanto, pues el mero hecho de entregar una empresa a particulares no garantiza una buena gestión. Una muestra de que los empresarios privados no son buenos administradores en todos los casos es Electricaribe, que presta el servicio de energía a cerca de diez millones de habitantes, en siete de departamentos de la costa atlántica. Después de años de ineficiencia, corrupción, malos manejos y cobros desmedidos, la Superintendencia de Servicios Públicos debió intervenirla en noviembre de 2016, debido a que en ese momento la empresa entró en cesación de pagos lo cual hizo insostenible su operación; además, estaba a punto de ocasionar un apagón generalizado en la costa.
Con el fin de lanzar un salvavidas a esta y otras electrificadoras intervenidas en condiciones similares, el presidente Iván Duque incluyó un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que establece que los ciudadanos de los estratos 4, 5 y 6 y los usuarios comerciales e industriales de energía paguen cuatro pesos más en el valor del kilovatio/hora, recursos con destino Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. Se calcula que por esta vía se recaudarán unos 160.000 millones de pesos al año.
Este incremento comienza a operar a partir de este mes. Se estima que esta sobretasa significará un aumento de entre 800 y 1.500 pesos mensuales para los usuarios, un golpe más para el bolsillo de los colombianos, que se sentirá muchos más en ciudades como Ibagué, con altas tasas de desempleo y bajos ingresos, donde un nuevo gasto descuadra cualquier presupuesto.
Es preciso agregar que en el Plan de Desarrollo se consignó que esta sobretasa es temporal y se cobrará hasta el 31 de diciembre de 2022, pero ya los colombianos conocemos qué sucede con los denominados impuestos temporales. El más recordado es el cuatro por mil, que inició en 1998 como dos por mil y que sería cobrado por un año. Luego, mediante una ley se convirtió en permanente y aunque se anunció que sería desmontado hacia el año 2018, ello no ocurrió.
Guardamos la esperanza de que esta vez sí los dineros recaudados cumplan el propósito para el que fueron destinados, y que los responsables de los malos manejos y del descalabro de Electricaribe algún día se conozcan y sean sancionados.
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