A pocos días de conocerse las palabras de Iván Márquez sobre el rearme de un grupo de exguerrilleros, el Ejército bombardeó un campamento de estas disidencias en el Caquetá, como una reacción rápida a este anuncio guerrerista. El resultado: la baja de “Gildardo” o “Cucho”, un cabecilla de los disidentes. Aplausos en la galería.
Dos meses después, y por cuenta de un debate de moción de censura en el Congreso al ministro de Defensa, Guillermo Botero, se reveló que siete menores de edad (ya la Fiscalía confirmó que son ocho) murieron en este bombardeo. El ministro se defendió con el argumento de que desconocían la presencia de menores, pero ya el personero de Puerto Rico, Caquetá, lo desmintió y señaló que la fuerza pública había sido alertada sobre el reclutamiento forzado de menores, que estos niños fueron reclutados en contra de su voluntad y que estaban “en calidad de secuestrados”. En primera instancia, la responsabilidad por la suerte de estos menores es del grupo armado que los incorporó a sus filas, pero queda un tufillo amargo por la manera en que el país se enteró. Así las cosas, no se sabe qué es peor: que hubiera sucedido esta tragedia o el ocultamiento de los hechos por parte del Gobierno nacional.
De inmediato, el senador Álvaro Uribe, congresista del partido de gobierno, salió en defensa del ministro y en una de sus habituales reacciones, que recuerda su respuesta a las madres de Soacha cuando reclamaron por el asesinato de sus hijos: “no estarían recogiendo café”, expresó que “si hay unos niños en el campamento de un terrorista, ¿qué supone uno?”; es decir, ¿se lo merecían por estar ahí?
Esta no es la única muestra del rumbo que están tomando los acontecimientos. La revista Semana reveló que la ejecución extrajudicial del excombatiente Dimar Torres, ocurrida en abril en Convención, Norte de Santander, fue ordenada por un coronel del Ejército. Y lo que se sabe ahora es que los abogados de los implicados en este asesinato a sangre fría esperan que el crimen sea juzgado por la justicia penal militar, cuando es evidente que no se trató de un acto del servicio.
También se recuerda la denuncia hecha en mayo pasado por el periódico estadounidense The New York Times sobre las directrices del comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, para presionar a los militares con el fin de que entreguen resultados, y que hubiera podido desencadenar una nueva racha de asesinatos de civiles inermes. Eso, sin mencionar las innumerables denuncias de corrupción que involucran nombres de altos mandos militares.
Estas acciones evocan épocas pretéritas de asesinatos de civiles indefensos para mostrarlos como bajas en combate -que eufemísticamente se denominaron falsos positivos-, capturas masivas y poco respeto por los Derechos Humanos, con la excusa de la guerra contra el terrorismo.
El fin no justifica los medios, por ello no sobra recalcar que las instituciones del Estado son garantes de los derechos de los colombianos, incluidos aquellos que no son considerados “gentes de bien”. Para quienes están por fuera de la ley ha de impartirse justicia y deben recibir condenas proporcionales con sus delitos, pero sin que ello implique vulnerar sus derechos.
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