Todos los colombianos recuerdan, hasta con algo de mofa, la caída de un edificio de la exsenadora Aída Merlano, segundos antes que una moto la recogiera para fugarse de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá, a donde había ido con permiso de las autoridades penitenciarias en una actividad, aparentemente, rutinaria.
Para entonces, primero de octubre de 2019, purgaba una condena de 15 años en la cárcel para mujeres El Buen Pastor, ordenada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y tenencia ilegal de armas; ligados a una red de compra de votos para las elecciones legislativas de marzo de 2018.
Los problemas, impensables, para la entonces feliz senadora costeña que obtuvo más de 73 mil votos, empezaron ese mismo día de las elecciones. Las autoridades allanaron su sede de campaña –la famosa Casa Blanca-. Allí encontraron 268 millones de pesos y dos documentos que daban cuenta de millonarias inversiones de esa campaña para lograr un escaño en el Congreso. Por supuesto, esos papeles revelaron la plata que se movió, ilícitamente, en uno de los casos más sonados de corrupción política.
Casi cuatro meses después, las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), una poderosa organización de inteligencia del régimen chavista, capturaron a la señora Merlano en el sector de Maracaibo en ese país vecino (ahora no decimos “país vecino” con tanta euforia), donde se escondía de la Circular Roja solicitada por las autoridades colombianas. Por supuesto, la justicia colombiana la reclama y debe ser la Corte Suprema de Justicia quien la solicite en extradición para que responda aquí por todo lo que aún no se sabe sobre la corrupción electoral de caciques en la Costa.
En las horas siguientes a la confirmación de la recaptura se han desencadenado varios acontecimientos. Pero el que más despertó la curiosidad “mamagallista” de los colombianos fue el anuncio de la canciller colombiana de pedir al presidente de la Asamblea venezolana Juan Guaidó la extradición de Merlano. A todas luces, el autoproclamado presidente interino de Venezuela no tiene ningún poder sobre las Fuerzas Militares y de Policía venezolana; es más, hace pocos días ni siquiera lo dejaron entrar a sesionar; es decir, ni de fundas le harían caso.
El gobierno de Colombia afirma que no reconoce el régimen de Maduro. En este caso le va a tocar pedir, formalmente, la extradición ante quien controla los organismos de seguridad venezolanos, apelando a los tratados de extradición vigentes entre las dos naciones. Como ya conocemos a Maduro, sabemos que, haciendo uso del odio contra el presidente Duque, se inventará cualquier cosa para no extraditarla; como por ejemplo, que la exsenadora costeña y su pareja andaban con identidades falsas en ese país y que ese es un delito castigable con no sabemos cuántos años de cárcel.
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