Grandes e inaplazables desafíos enfrenta la educación pública en el territorio tolimense. Este diario ha venido publicando una serie de informes, basados en denuncias de la comunidad, que desnudan la precaria situación en la que miles de jóvenes y niños, especialmente, campesinos, deben acudir a las aulas.
Empecemos por la infraestructura escolar. En un alto porcentaje las escuelitas de varias regiones adolecen de unidades sanitarias en aceptable estado de asepsia. Tampoco cuentan con el suministro de agua constante y menos con sistemas de purificación adecuados para potabilizar el agua que consumen los estudiantes. El inventario es grande. El propio secretario de Educación y Cultura, Julián Gómez reconoce que el atraso es de 50 años.
Por esas cosas de la tramitología estatal, lenta y paquidérmica, no se ha empezado a ejecutar el Programa de Alimentación Escolar PAE y el subsidio de transporte escolar. Fueron creados para incentivar y garantizar la presencia de más estudiantes en las instituciones. Esa historia de niños que viven a horas de camino de la escuelita donde reciben formación, se repite y se repite en varias regiones rurales tolimenses.
Falta de docentes, el otro problema, al que se le suma el hecho que muchos padres deciden negar la posibilidad a los pequeños de ir a clase porque, sencillamente, los necesitan para ejecutar las labores de la finca y terminan siendo los jornaleros de sus progenitores.
A problemas endémicos e históricos, soluciones puntuales. Este gobierno seccional, que recién comienza, tiene la gran oportunidad de cortar con esa racha. Solo necesita la voluntad política y una planificada inversión de los recursos. El colegio es la segunda casa de miles de niños y jóvenes; y si esa segunda morada es cómoda, bonita, agradable y tiene los elementos necesarios, el saldo social será incuantificable e impensable.
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