Ni siquiera la amenaza del coronavirus ha amedrentado a los agresores de los líderes sociales en Colombia. Este fin de semana fueron asesinados otros dos en el departamento del Cauca. En menos de 24 horas cayeron a manos de desconocidos dos reconocidos dirigentes. El más reciente hecho ocurrió el sábado en la vereda Honduras, área rural de El Tambo. Hombres armados le quitaron la vida a Andrés Andrelio Cacimanca Burbano.
Horas antes había sido asesinado el reconocido líder social Teodomiro Sotelo Anacona en zona limítrofe entre El Tambo y Argelia. El dirigente fue atacado por hombres armados en su lugar de residencia cuando se encontraba reunido con su familia. Preliminarmente, los dos crímenes los atribuyen las autoridades a miembros de la estructura ‘Carlos Patiño’, una disidencia de las Farc que ha sembrado el miedo y la zozobra en esta convulsionada región del cccidente colombiano.
La Organización No Gubernamental Indepaz asegura que desde 2016 han sido asesinados 777 líderes sociales en Colombia. De acuerdo con esa organización son 132 casos en 2016, 208 en el año 2017, 282 en el año 2018 y 155 en el año 2019. Hasta comienzos de este mes de abril, ya habían sido acribillados más de 70 y la cuenta seguía en aumento. Aunque pareciera que mediáticamente los registros se han perdido un poco por cuenta de la atención que está demandando el cubrimiento de la pandemia.
Conocedores del tema y lugareños afirman, vehementemente, que el común denominador de todas estas personas asesinadas o desaparecidas forzosamente es que buscaban mejorar las condiciones de vida de sus comunidades, generar condiciones de vida digna, propiciar procesos de emprendimiento entre las comunidades en materia de proyectos productivos.
Es claro que aquí ha faltado mayor entereza del Estado para defender a sus líderes sociales. En su gran mayoría son hombres y mujeres del campo, con un gran arraigo entre sus comunidades. Así como nos avergonzamos de la deshonrosa producción desproporcionada de cocaína, también nos debe avergonzar la masacre que se está perpetrando contra los dirigentes sociales. El gobierno del presidente Duque tiene la obligación de salvaguardar la vida de quienes optan por el camino de aportar al desarrollo de sus comunidades. Si el Estado no hace nada por ellos, las cifras van a superar, holgadamente, las muertes que deje el Covid-19.
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