Después de mucha controversia mediática y de la justicia colombiana, el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, logró que la Corte Constitucional avalara la revisión de su sentencia. Arias fue condenado a 17 años de prisión por los manejos irregulares del programa Agro Ingreso Seguro, que le entregó millonarios subsidios a grandes empresarios agropecuarios y familias poderosas, pertenecientes a castas políticas de la Costa Caribe y hasta reinas de belleza.
Lo primero que se debe explicar es que por su condición de aforado, la condena contra Arias fue proferida por la Corte Suprema de Justicia en única instancia. Por supuesto, entró en el paquete de aforados que vienen reclamando en la última década el derecho a la doble conformidad o doble instancia; consagrado en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos.
También hay que precisar que Andrés Felipe Arias no quedará libre con esta decisión; puesto que lo que hizo la Corte fue concederle el derecho a revisión y el efecto de la impugnación será devolutivo: es decir, que seguirá cobijado por la primera sentencia en su contra, la de 17 años.
La Corte Constitucional advierte que las reglas generales de la acción de revisión en materia penal no alteran el carácter de cosa juzgada que pesa sobre la sentencia condenatoria. Tampoco tendrá ningún efecto sobre la actual situación de privación de la libertad del tutelante, pues la sentencia condenatoria del 16 de julio de 2014 se encuentra ejecutoriada.
Lo que sí hizo la Corte Constitucional fue abrir una enorme tronera judicial; puesto que por lo menos 30 condenados, a partir de enero de 2014, por mayúsculos y vergonzosos escándalos de los años recientes en Colombia, podrán pedir o impugnación de sus sentencias condenatorias. Ahí están, por ejemplo, los hermanos Moreno Rojas, el exministro Sabas Pretelt, María Isabel Hurtado... Tantos que habría la necesidad de escribir otro editorial. ¡Por Dios, lo que nos espera!
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