Es posible que antes de finalizar este año y durante el 2021 haya al menos veinte elecciones atípicas a lo largo y ancho del país, según advirtió Jaime Luis Lacouture, magistrado del Consejo Nacional Electoral. Este será otro de los nocivos efectos de la pandemia en territorio colombiano. La realización de comicios regionales ocasionará además de un gasto no previsto en la Registraduría, parálisis en administraciones y retrasos en los planes de desarrollo.
Pero esto se veía venir desde los primeros días de la cuarentena preventiva, pues bajo el amparo de la emergencia decretada con ocasión de la enfermedad Covid-19, los funcionarios públicos encontraron el entorno ideal para suscribir contratos de manera directa, obviando la ley de contratación. Una vez se conocieron los decretos de la Presidencia, alcaldías, gobernaciones y demás entidades del Estado entraron en un frenesí por efectuar múltiples y multimillonarios contratos para adquirir toda clase de elementos: kits nutricionales (mercados), tapabocas, alcohol, guantes y gel antibacterial. La tentación fue irresistible y hasta en la Presidencia aprovecharon la oportunidad, y celebraron un contrato por más de tres mil millones de pesos para mejorar la imagen del primer mandatario.
Con la avalancha de contratos salieron también a la luz numerosas irregularidades en el manejo de los recursos destinados a proteger a la población más vulnerable, que obligaron a los entes de control a intervenir. En este escenario, el Tolima no se destaca precisamente por la pulcritud de sus funcionarios en el manejo de los recursos, que le han dado bastante trabajo a la Procuraduría, que adelanta 40 procesos en 25 municipios, sin contar las indagaciones que efectúan al interior de la Gobernación. La Fiscalía, por su parte, ya capturó a los alcaldes de Palocabildo y San Antonio, y sigue investigaciones en contra del Gobernador, y otros funcionarios y contratistas. La Contraloría General, por su parte, adelanta indagación preliminar por sobrecostos en dos contratos celebrados por la Gobernación.
Las investigaciones aún son incipientes y se desconoce cuáles serán los resultados. Es posible que en algunos casos estas anomalías correspondan a imprevisión y desconocimiento de las normas que regulan la contratación por parte de los mandatarios que apenas habían cumplido dos meses en el cargo cuando comenzó la emergencia; pero si nos atenemos a los antecedentes y a la realidad del país, la mayoría de los contratos debe obedecer a pago de favores, y a la oportunidad que ven muchos funcionarios para enriquecerse a expensas del Estado (cuyos recursos son de todos). Esperamos también que en esta ocasión las publicitadas investigaciones de los entes de control concluyan en sanciones para los funcionarios responsables y en la recuperación de los recursos malversados.
Los ciudadanos tenemos una cuota de responsabilidad en esta coyuntura: en las pasadas elecciones, organizaciones como la MOE, organismos como la Procuraduría y los medios de comunicación instaron a los votantes estudiar las hojas de vida de los aspirantes y a elegir a quienes no tuvieran un pasado cuestionable; sin embargo, y a pesar de las advertencias, en muchas ciudades y departamentos los ganadores fueron precisamente los cuestionados.
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