Causa estupor saber que en la capital de un departamento, las mismas autoridades están completamente desamparadas cuando de hacer cumplir la ley se trata. El jueves 15 de octubre en la noche, un grupo de agentes de tránsito acudió a la vía hacia el Aeropuerto Perales para cumplir un operativo de control con los motociclistas que efectúan piques ilegales. La situación no pudo ser más dramática: fueron amenazados con arma de fuego, asaltados e intimidados, pero lo más delicado fue que la Policía no respondió a los múltiples pedidos de apoyo, y algunos policías motorizados que pasaron por el sector se desentendieron de la situación. Lo más inquietante es que el propio secretario de Movilidad de la Alcaldía, César Yáñez, estaba presente en el operativo y fue un testigo impotente, porque su autoridad no sirvió de nada.
Por su parte, líderes de los motociclistas que practican piques ilegales, en un abierto desafío a la autoridad, publicaron en un perfil de Facebook que los actos que cometieron fueron una respuesta a los “ataques” de las autoridades, que no merecen ser tratados como delincuentes y, lo más preocupante, advierten que no se van a “dejar”.
De este incidente se desprenden dos situaciones alarmantes: por una parte es la confirmación de algo que les sucede a los ciudadanos que se encuentran indefensos cuando se presentan situaciones en las que se pide la intervención de la Policía; las líneas telefónicas de los cuadrantes no funcionan o cuando en alguna contestan dicen que una patrulla va en camino, pero lo cierto es que llegan demasiado tarde o no se presentan. Por otra parte, desconcierta saber que las mismas autoridades se encuentran impotentes para hacer cumplir las normas; la investidura de los funcionarios no es respetada por los transgresores, que responden a los requerimientos de las autoridades con agresiones y amenazas.
Si las autoridades de tránsito no cuentan con respaldo en sus operativos, ¿qué puede esperar el ciudadano de a pie cuando llama a reportar un delito o un problema de convivencia? ¿Qué ocurre con la Policía? ¿No tiene personal suficiente? ¿El sistema de cuadrantes que reemplazó a los CAI tampoco funcionó? ¿Se hace un seguimiento a las tareas que deben desempeñar? ¿Existe algún control sobre los tiempos de respuesta?
El alcalde, como primera autoridad y jefe de Policía en la ciudad, ha de apersonarse de la situación. No queremos creer que la Policía es una rueda suelta y que solamente actúan cuando se trata de reprimir las protestas sociales (muchas de ellas justificadas).
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