A medida que pasan los días, se agudiza más el debate en las campañas políticas, que hoy se juegan tanto en el terreno del legislativo en procura de llenar las curules de un nuevo Congreso, como en el terreno del Ejecutivo, que tiene por delante dos vueltas para definir al presidente de la República que reemplace a Iván Duque el próximo 7 de agosto.
Se han conocido varios casos de intolerancia en distintas regiones del país, con la destrucción de publicidad política, amenazas a candidatos o las repudiables noticias falsas que enturbian el curso del debate proselitista.
Pero, además de esto, que lamentablemente forma parte de una especie de liturgia negra de las elecciones, también se han oído, y esto es lo que más preocupa, denuncias y alertas sobre hechos que podrían indicar movimientos previos encaminados a perfeccionar un fraude electoral.
Estas alarmas han surgido de diversas campañas y deben ser seria y oportunamente tramitadas por los entes de control, en particular los que deben responder directamente por la transparencia electoral. Pero, preocupa especialmente que a las denuncias de los partidos se haya sumado la advertencia hecha esta semana por la Procuraduría General de la Nación.
En efecto, la Unidad de Vigilancia de Control Electoral de este organismo advirtió sobre la inscripción inusual de cédulas en varios municipios de ocho departamentos del país, una costumbre característica de las maquinarias políticas que tradicionalmente usan para constreñir al elector, mediante el sistema conocido como ‘trasteo de votos’ o trashumancia electoral.
Los organismos de control del Estado, la MOE, los partidos mismos, sobre todo la autoridad electoral, deben garantizar al ciudadano la transparencia del proceso de elección de Congreso y de Presidente de la República.
Esta supervisión no solo hace que se respete el triunfo de quienes reunieron mayor número de electores, sino que, desde el punto de vista de los ciudadanos, solo se fortalece la democracia si se puede garantizar el resultado de la votación que se anuncie, tanto para Congreso como para la presidencia.
Una elección debe representar la voluntad popular y señalar el verdadero camino que el elector mayoritariamente quiere trazar para el país en los próximos cuatro años.
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