El paraíso de los elefantes blancos

Duele ver que no existe la más mínima curia con el manejo de los recursos públicos, pero más duele saber que las investigaciones no llevarán a ninguna parte.

De acuerdo con la Contraloría General de la Nación, en el Tolima existen 47 elefantes blancos; es decir, obras abandonadas, que no están en funcionamiento o que tienen un uso diferente al que se les asignó inicialmente.

El denominador común de estos proyectos es la falta de planeación, en cuanto a la ubicación, la destinación de la obra, la no inclusión de trabajos complementarios, el presupuesto destinado y los cronogramas de ejecución. También se caracterizan por las múltiples prórrogas y adiciones que, en algunos casos, duplican los costos iniciales. 

No se puede asegurar que los fracasos en las obras sean calculados, o se deban a incompetencia, ineptitud, desconocimiento o negligencia de funcionarios y contratistas. Lo cierto es que están sepultados más de medio billón de pesos de los colombianos, cuya recuperación es incierta si las obras no llegan a feliz término.

La edición dominical de este medio de comunicación hizo un breve recuento de los elefantes blancos del Departamento. Se trata de obras soñadas por largo tiempo, algunas de las cuales se plantearon como la redención de la región, como en el caso del distrito de riego Triángulo del Sur, que después de décadas de ser propuesto y que serviría para irrigar más de 24 mil hectáreas, se encuentra paralizado. No hay certeza sobre la construcción de la tercera fase, que lo pondría a operar, y se desconoce el monto de los recursos necesarios para concluirla y mucho menos de donde saldrá el dinero. Esta es quizá la mayor de las frustraciones de los tolimenses.

A pesar de que se anunció que en pocos días entrará en funcionamiento, el Panóptico de Ibagué está catalogado por la Contraloría como un elefante blanco, ya que aún no se le ha dado un uso permanente y no se ha definido cómo se sostendrá. En esta obra se han ejecutado más de 13 mil millones de pesos y se requieren cerca de tres mil millones de pesos más para concluirlo.

Existen otras obras en los municipios también abandonadas. Un coliseo cubierto en Venadillo, que se contrató en 2016 y cuyo plazo de ejecución se estableció en seis meses. Después de tres prórrogas y adiciones se entregó, pero no se utiliza porque le falta la parte eléctrica y no cumple los requisitos técnicos, por lo cual no es apto para la realización de eventos deportivos.

En Armero-Guayabal, en 2007, se inició el proyecto de relleno sanitario regional que serviría para depositar la basura de siete municipios del norte del Tolima; después de invertir una gran suma, se estableció que afectaba las fuentes hídricas, por lo cual carece de licencia ambiental y no presta ningún servicio. En Rovira se construyó un centro de acopio, por más de 480 millones de pesos; fue necesario hacer suspensiones para ajustar el diseño e incluir un cuarto frío; tampoco se contempló el alcantarillado, lo cual impide su uso.

La conexión vial entre Roncesvalles y San Antonio en el sector de Zanja Honda se convirtió en otra obra irrealizable, en la que se han invertido más de 200 millones de pesos desde 2009. En Icononzo se contrató hace seis años la construcción de un hogar para el adulto mayor, pero después de más de 750 millones de pesos invertidos, sigue inconcluso.

En Carmen de Apicalá se ejecutaron más de 500 millones de pesos en la construcción de un parador de transportes que se entregó, pero no funciona, porque no se tuvo en cuenta desde el comienzo si existía alguna empresa con interés en operarlo. En Ataco, la construcción de instalaciones sanitarias y adecuaciones en sedes escolares de varias veredas están inconclusas; luego de ocho años no se llegó a ejecutar el 50 % de las obras. En San Antonio, entre 2006 y 2008 se construyó una planta de tratamiento, que está abandonada, en la que se gastaron cerca de 160 millones de la época.

Duele ver que no existe la más mínima curia con el manejo de los recursos públicos, pero más duele saber que las investigaciones no llevarán a ninguna parte, que los responsables no recibirán sanciones, y que seguirán contratando y haciéndose elegir.

Redacción El Nuevo Día.

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