Al decidir sobre tres tutelas de padres de familia cuyos hijos tuvieron restricciones para acceder a la educación durante la pandemia, la Corte Constitucional pidió al Ministerio de Educación elaborar, en un plazo de seis meses, un diagnóstico sobre el impacto que causó esa emergencia en estudiantes y profesores e, igualmente, ordenó la formulación de una política pública para impedir que una crisis sanitaria u otra calamidad similar ponga en riesgo el sistema educativo.
En realidad es necesario evaluar las afectaciones que produjo la pandemia en niños y adolescentes, para subsanar prontamente la brecha educativa que se dilató aún más en estos tiempos de crisis. Los escolares fueron los primeros en ser encerrados y los últimos en regresar a la normalidad; además de las secuelas que dejó el aislamiento prolongado en las mentes juveniles, también hubo otros efectos que dejaron en peores condiciones a los estudiantes de menos recursos y residentes en zonas alejadas.
A pesar de los esfuerzos de las secretarías, las instituciones y los docentes, muchos niños se quedaron rezagados, pues carecían de herramientas tecnológicas y conectividad, lo cual impidió que continuaran su aprendizaje a la par de los más privilegiados.
La ministra de Educación, María Victoria Angulo, respondió a la Corte e indicó que el Ministerio dispone de estrategias que le permitirán llevar a cabo dicha evaluación. Uno de ellos es la valoración de los aprendizajes en matemáticas, lectura, ciencias, y las pruebas Saber que se aplican periódicamente.
Otras comprenden el fortalecimiento de las capacidades de gestión a través de las escuelas de las secretarías de educación y el apoyo de los establecimientos educativos con la Escuela de liderazgo para directivos docentes, así como la entrega de materiales de apoyo pedagógico, la construcción de una red de tutorías para maestros y estudiantes, la implementación de valoraciones periódicas y la adopción de planes de fortalecimiento por parte de las instituciones educativas. Con respecto a la formulación de una política pública para prevenir problemas que alteren el normal desarrollo de la educación, la Ministra dijo que se está consolidando un sistema de información para el acceso a herramientas de apoyo pedagógico que complementen el trabajo en el aula.
Desde el Tolima se puede brindar la información pertinente para responder los requerimientos de la Corte. El Departamento cuenta con el capital humano suficiente, y la Secretaría de Educación puede recurrir al apoyo de las normales existentes y la Facultad de Educación de la Universidad del Tolima, donde se forman los educadores del departamento. Con los estudiantes de la maestría y el doctorado en Educación se pueden guiar las investigaciones que permitan conocer cuál fue el impacto de la pandemia en la región, al tiempo que se puede orientar sobre cuál sería el camino más idóneo para impedir que este tipo de imprevistos limiten las posibilidades de obtener educación, sobre todo en los sectores menos favorecidos, que fueron los que padecieron con mayor rigor las restricciones que impuso la pandemia.
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