Recuperar el espacio público requiere constancia y firmeza

En estas acciones, las autoridades han de contar con el respaldo de los ibaguereños; pues es un deber ciudadano velar por el bien común. 

 

Cuando se habla en Ibagué de invasión del espacio público, de inmediato vienen a la mente las imágenes de la carrera Tercera ocupada por vendedores ambulantes con toda suerte de productos, desde alimentos hasta ropa, accesorios para celulares, juguetes y libros. 

Sin embargo, existe otra invasión a la que nos hemos habituado, y ocurre en avenidas y otras vías de la ciudad. De manera gradual, los dueños de diversas clases de negocios se han tomado las calles ante la mirada impotente de los demás ibaguereños.

Por ejemplo, una amplia zona, comprendida entre las avenidas Guabinal y Ferrocarril, con calles 21 y 28, ha sido ocupada por talleres de carros, de motos, de ebanistería y de ornamentación y otros comerciantes, que utilizan los andenes y las vías vehiculares como lugar de operaciones a cielo abierto.

Además, los dueños de los locales ponen en las aceras avisos que impiden el normal paso de los transeúntes. Los alrededores de las plazas (especialmente la 14 y la 21) se encuentran invadidos por los famosos regueros que se extienden por varias cuadras. 

La avenida Quinta es un gigantesco parqueadero de motos y carros que no deja espacio para el tránsito de peatones; lo mismo sucede con los negocios de ventas de motocicletas que emplean el andén como punto de exhibición de sus productos. 

Por estos días, la administración local, a través de la oficina de Espacio Público, se encuentra adelantado operativos en los puntos más críticos y trata de hacer una tarea de sensibilización y pedagogía con los comerciantes para que devuelvan las áreas usurpadas, labor acompañada del decomiso de los elementos que obstruyen el paso peatonal y de imposición de comparendos e inmovilización de los vehículos mal estacionados.

Estas actividades de recuperación del espacio público son parte esencial de las obligaciones de la administración local, teniendo en cuenta que el bien común (el uso y disfrute del espacio público) está por encima de los intereses particulares. 

Sin embargo, parece que la labor pedagógica no surtió el efecto esperado, pues al día siguiente de los operativos, las calles estaban de nuevo ocupadas.

Se requiere una presencia permanente de las autoridades, acompañada de actuaciones firmes en la aplicación de las sanciones a que haya lugar, para que los comerciantes se concienticen del respeto que deben tener con los derechos de los demás. En estas acciones, las autoridades han de contar con el respaldo de los ibaguereños; pues es un deber ciudadano velar por el bien común.

Redacción El Nuevo Día.

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