A dos días de las elecciones que definirán el nuevo Congreso de la República, existe un clima generalizado de preocupación ante la inminencia de que ocurra un fraude en los resultados, por cuenta de la compra de votos y el constreñimiento al sufragante. Lastimosamente, la corrupción electoral no se limita a los departamentos de la costa caribe; de acuerdo con un informe de la revista Cambio, que también publicó El Nuevo Día, el Tolima es el cuarto departamento con mayores reportes de compra y venta de votos en el país.
La situación económica de los tolimenses no es la mejor; los ciudadanos están abrumados por la informalidad, el desempleo y el alto costo de vida. El problema de la falta de recursos se agudizó durante la pandemia y ahora el 43 % de los habitantes se encuentran sumidos en la pobreza. Aunado a lo anterior, el mayor empleador en la región sigue siendo el Estado, por lo cual la actividad económica y comercial se desenvuelve alrededor de lo público.
Los ciudadanos encuentran en las entidades oficiales la única oportunidad de asegurarse un empleo, por nombramiento o prestación de servicios; así mismo, quienes ofrecen bienes o servicios tienen en las entidades oficiales a sus mejores clientes.
Como en épocas pretéritas, que habíamos creído ya superadas, quienes derivan sus ingresos de cargos públicos o son contratistas se hallan en condiciones de indefensión, pues, si no están con el candidato oficial, pero, además, si no garantizan los votos de ellos, sus amigos y sus familias, están expuestos a perder su sustento.
Algo similar ocurre en los barrios; a punta de tapar huecos, de brigadas de salud y de entrega de obritas, los líderes comunales son presionados para hacer campaña en favor de determinado aspirante; les indican que si no lo hacen, los gobernantes “no les podrán seguir ayudando”. También existe la compra de votos a cambio de dinero (entre 80.000 y 120.000 pesos para estas elecciones), o mediante la entrega de materiales de construcción, mercados y abonos.
Hoy más que nunca es preciso que los ciudadanos se informen sobre los candidatos y voten sin presiones. Por eso El Nuevo Día editó la separata “Vote a conciencia por el Tolima” (https://drive.google.com/file/d/16axtUqy00ECPS0QlqsxJD2ChOdDZT7p6/view). De igual manera, en alianza con la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), publicó un informe especial sobre las candidaturas cuestionadas en el Departamento (https://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/politica/484166-ojo-estas-son-las-candidaturas-cuestionadas-en-el-tolima) y la investigación de la revista Cambio, titulada “Gula tolimense” (https://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/politica/484165-gula-tolimense).
Es obligación de las autoridades (Ministerio del Interior, Fiscalía, Procuraduría) investigar de forma oportuna y sin dilaciones las denuncias ciudadanas y las evidentes anomalías; no se pueden dejar pasar por alto los hechos de corrupción que tanto perjuicio le causan a nuestra sociedad.
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