Se cumplieron en calma las marchas programadas por la oposición para el pasado lunes 26 de septiembre, motivadas en el rechazo que sectores del país quieren expresar sobre varias de las reformas presentadas por el Gobierno nacional, que en este momento avanzan en el Congreso, y otras que, si bien no hacen trámite aún en el legislativo, sí han sido formuladas por el ejecutivo y anunciadas para las próximas semanas y el inicio del siguiente período de sesiones ordinarias. El número y el contenido de muchas de las reformas estructurales presentadas, han preocupado a un buen número de ciudadanos, que decidieron manifestarlo en las calles.
Por una parte, hay que destacar que, aparte de pequeñas discusiones entre ciudadanos, las marchas, efectuadas en varias ciudades capitales del país, transcurrieron sin ningún hecho violento, lo que habla bien tanto de quienes las convocaron, como de quienes participaron. Además de esto, indudablemente es importante que el Gobierno escuche y atienda las voces que se expresaron, que, además de ejercer el derecho a la protesta, lo que buscan es precisamente que su visión del país también sea considerada en las políticas del actual ejecutivo.
El número de personas que participaron en estas marchas fue relevante en varias ciudades, como Bucaramanga, Medellín, Cali y Bogotá, por lo que, tomado en su conjunto, lo que debe interpretarse es que la que se hizo sentir fue la voz de esa mitad del país que no votó por Gustavo Petro, pero que exige ser reconocida por el presidente y su gobierno, es decir, se sentó un precedente valioso que debe entender el primer mandatario en el sentido de que ese otro país, esos más de 10 millones de ciudadanos que no se identificaron con sus propuestas, esperan que cumpla con su promesa de gobernar para todos los colombianos.
La que se oyó hace una semana no fue otra que la voz de la democracia, de una parte del sector que, por haber sido derrotado en las elecciones, no ha perdido sus derechos y los usa para reclamar lo que considera justo e impulsar ideas, valores y principios que, en su entender, deben mantenerse para el bien de la Nación en su conjunto. El presidente tiene ahora que demostrar que sus compromisos políticos o burocráticos no lo llevarán a sesgar la acción de su gobierno, sino que todos los ciudadanos, sin importar su identidad ideológica, serán no solo oídos, sino tenidos en cuenta al definir las acciones de su Gobierno.
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