Por diversos métodos, los gobernantes han tratado de dejar su impronta para pasar a la historia y, por diversas formas también, se ha tratado de impedirlo. Así, por ejemplo, los colegios, bibliotecas, hospitales, escenarios deportivos, puentes y avenidas, eran “bautizados” con los nombres de los políticos locales que querían inmortalizarse, así no hubieran realizado gestión diferente a la de hacer mal uso de los recursos públicos y aprovecharse en beneficio propio de sus cargos.
Por eso, en 1997, por medio del Decreto 2759 de 1997, se prohibió “la designación, con el nombre de personas vivas, de las divisiones generales del territorio nacional, los bienes de uso público y los sitios u obras pertenecientes a la Nación, los Departamentos, Distritos, Municipios o a entidades oficiales o semioficiales. Igualmente, prohíbese la colocación de placas o leyendas o la erección de monumentos destinados a recordar la participación de los funcionarios en ejercicio, en la construcción de obras públicas, a menos que así lo disponga una ley del Congreso”.
En el caso de Ibagué, con la aplicación del Decreto en cuestión, los establecimientos públicos fueron “rebautizados” para adaptarlos a la norma, y les dejaron los nombres de los padres de los políticos, es decir, solo les cambiaron el segundo apellido. Algo similar sucede con las placas en las obras públicas, pues los gobernantes se ingenian la manera de instalarlas y, pese a que existan órdenes judiciales, se niegan a retirarlas.
Ahora, en un nuevo intento para contener la egolatría de ciertos gobernantes, el Senado aprobó en último debate el proyecto de ley “Chao Marcas”, que prohíbe a los mandatarios crear una identidad visual propia de su gobierno.
Se volvió costumbre que la imagen de los municipios, los departamentos y la Nación fuera modificada con el cambio de gobierno, con el correspondiente costo económico que significaba volver a hacer papelería, uniformes, chalecos, pintar emblemas de vehículos, etcétera.
De acuerdo con los cálculos de los ponentes, la aplicación de esta norma significará un ahorro de, aproximadamente, dos billones de pesos al año para las arcas del Estado, recursos que se podrían emplear de una manera más provechosa.
Si la ley pasa pronto a sanción presidencial y no es objetada, los gobernantes que comenzarán su período el año entrante no podrán cambiar la imagen de los municipios o departamentos. Confiamos en que la norma se aplique a cabalidad y que los mandatarios no busquen la forma de eludirla, porque, además, se adoptará un manual de identidad visual para las entidades del Estado.
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