En efecto, la falta de recursos va a limitar aún más la atención en consultas y procedimientos, y el suministro de medicamentos a los ciudadanos, que ya es crítica, como lo demuestran las tutelas que semanalmente tienen que resolver los jueces, debido a que miles de usuarios y pacientes no pueden acceder a los servicios y tratamientos que venían recibiendo con cierta regularidad.
Una de las causas principales que señalan es el incremento de 12,01% para la UPC, aprobado en los últimos días de diciembre, porque es insuficiente para lo que se requiere este 2024, que debería ser, según cálculos de expertos, del 15% para la UPC y del 10,6% para presupuestos máximos.
La actitud del Gobierno no deja tranquilos a muchos usuarios, empezando porque:
(i) En vez de señalar cómo se van a garantizar los recursos necesarios para el Sistema, se ha anunciado la construcción de miles de Centros de Atención Primaria en Salud a través de las Juntas de Acción Comunal en los territorios, los cuales serían dotados con equipos tecnológicos y humanos financiados por el Ministerio de Salud, esto es, otra decisión que profundizaría el centralismo que nos está martirizando, pues presupone la exclusión de las autoridades territoriales en las determinaciones y en la ejecución de las inversiones en salud.
(ii) El Gobierno nacional ha nombrado en la presidencia ejecutiva de la Nueva EPS a un ciudadano que no les brinda tranquilidad para gestionar la EPS más grande del país (10 millones de afiliados).
(iii) El Ministerio de Salud interpuso una acción popular contra las EPS, para que un juez les ordene lo que es competencia de una entidad que hace parte del Gobierno (la Superintendencia Nacional de Salud).
(iv) Y el ministro de Salud amenaza con incrementar los impuestos en respuesta a las críticas que le hacen los empresarios a su gestión.
El Gobierno, ante semejante advertencia de ciudadanos que conocen el sistema, está llamado a contestar uno a uno los argumentos por ellos esgrimidos en la carta, pues no conviene ni es sano que quede en el ambiente que hay una intención soterrada del Ejecutivo, de destruir el sistema de salud para poder sacar adelante la reforma que se tramita en el Congreso y, lo que es peor, que el sistema de salud se convierta en una herramienta al servicio de intereses clientelistas y capturas politiqueras de la institucionalidad y de los recursos públicos.
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