Recientemente el presidente de la República sancionó la Ley 2345 de 2023, mediante la cual se unifica la imagen de las entidades estatales y prohíbe las marcas de gobierno, con el fin de implementar la austeridad en la publicidad oficial.
Desde hace lustros se viene pidiendo acabar con esa pésima práctica de pretender sepultar, los nuevos funcionarios elegidos por votación popular a nivel nacional, regional o local, todo lo hecho por las administraciones públicas salientes, inclusive con lo que funciona bien o presta un buen servicio, bajo el prurito absurdo de que cada periodo o cuatrienio constitucional es un cambio radical entre una forma de Estado y otra..., como si el Estado no fuera el mismo.
Solo los países con una continuidad en las políticas públicas aprobadas con la debida planeación y participación general, independientemente de quiénes estén gobernando, se hacen poderosos y reducen la pobreza y la inequidad.
La más inmediata representación del absurdo de la inestabilidad en los asuntos estatales, que tanto cuesta a la comunidad, a la sostenibilidad y a la legitimidad del Estado, singularmente a la continuidad de las políticas públicas y una imagen perdurable que identifique a la identidad nacional, o la regional, o la local correspondientes, es todo lo relativo al cambio de imágenes o logos que diferencien unas administraciones de otras.
Actualmente, esas tipologías se resumen en los denominados ‘manuales de identidad visual’, por los cuales cada cuatro años los nuevos mandatarios llegan a cambiar los colores que se usan y convertir en imágenes oficiales los logros y los eslóganes de sus campañas, lo cual implica cambiar toda la papelería, los anuncios y demás elementos de la Administración, con el consecuente detrimento patrimonial por la destrucción, no uso o desaparición del material que identificaba a la administración saliente.
En adelante, la marca de país o de gobierno, o los logos que identifican a las administraciones y entidades estatales a nivel nacional y regional, ya no estarán al vaivén o al capricho de cada nuevo gobernante. Para que esto se concrete, según la ley, es necesario que se expida un nuevo manual de identidad visual en un plazo de seis meses, eliminando cualquier logo o publicidad que esté destinado únicamente a destacar al gobernante de turno.
A partir de este año deben imperar logos, lemas o mensajes que promuevan la identidad histórica y cultural del municipio, el distrito, el departamento o la Nación, incluyendo el uso de escudos, norma que también cobija a los organismos de control y otras entidades estatales. Esperamos que los nuevos gobernantes asuman con responsabilidad este especial encargo de dejar marcas, enseñas, símbolos y diseños que se refieran a la identidad histórica y cultural de Ibagué, Tolima o la Nación.
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