Los habitantes de Tuluá (Valle del Cauca) vivieron una noche de terror el pasado sábado. Dos agentes de tránsito fueron blanco de ataques de sicarios, nueve carros (siete taxis y dos particulares) fueron incinerados y hubo un intento de incendiar un supermercado. Esta oleada de violencia expuso la grave situación por la que pasa esta población desde hace algunos años.
La ola de atentados terroristas fue una represalia por la captura de uno de los cabecillas del grupo delincuencial “La Inmaculada”, que tiene el control del crimen organizado en Tuluá. De acuerdo con las autoridades, esta banda es responsable del 90% de los homicidios y de la mayor parte de las extorsiones que ocurren en dicha ciudad.
Desdichadamente, Tuluá ha padecido múltiples violencias. En la época de la guerra bipartidista de mediados del siglo pasado, “los pájaros” se asentaron en esta población y sembraron el terror. Años más tarde, en las décadas de los 80 y 90, fueron los narcotraficantes los que establecieron allí sus bases. Ahora es “La Inmaculada”, que se conformó hace más de 15 años, la que azota a los tulueños.
Algunos de los cabecillas de “La Inmaculada” han sido capturados y enviados a diferentes cárceles del país, entre ellas Picaleña, en Ibagué. La banda no solo le declaró la guerra a Tuluá, sino al Inpec. De esta organización criminal hace parte un grupo que se autodenomina “Los Magos” (Muerte a Guardianes Opresores), que al parecer es dirigido por Henry Loaiza Ceballos, “El Alacrán”, y su hijo, Henry Loaiza Montoya. El primero hizo parte del cartel del Norte del Valle; vivió en Ibagué y Venadillo entre 1991 y 1994, y fue uno de los responsables de la masacre de Trujillo (Valle) cometida entre los años de 1986 y 1994 y en la que fueron asesinadas más de 300 personas. Loaiza Ceballos fue capturado (por tercera vez) en octubre del año pasado y su hijo fue detenido en Ecuador el pasado primero de febrero.
Un “plan pistola” es la amenaza que se cierne sobre los guardines del Inpec en todo el país, razón por la cual se llevó a cabo un consejo de seguridad en Ibagué, con el fin de solicitar apoyo a la Policía y al Ejército para proteger a los guardianes de Picaleña.
Esta no es solo una intimidación para Tuluá o el Inpec. Está en riesgo la institucionalidad de la Nación entera y los colombianos no podemos permitir retroceder a los días oscuros de Pablo Escobar.
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